La exconsejera Regina Plañiol se niega a comparecer sobre el Campus de la Justicia

Madrid

Destapar el supuesto fraude del Campus de la Justicia no ha sido un camino fácil. Una y otra vez, los tres partidos de la oposición – PSOE, Podemos y Cs- se han chocado contra un muro cada vez que ha intentado profundizar en las irregularidades de ese macrocomplejo, diseñado durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. Solo como ejemplos se pueden poner la desaparición de los libros de cuentas o los dos años que ha tardado la Cámara de Cuentas en hacer pública su fiscalización.

El último bache en el camino ha sido la negativa de Regina Plañiol – actual diputada del PP en la Asamblea de Madrid- a comparecer en el Comisión del Estudio de la Deuda. Plañiol había sido citada por el Partido Socialista para que rindiese cuentas sobre su gestión de ese fallido proyecto, durante su etapa como consejera de Presidencia y Justicia, entre los años 2011 y 2012 - su marido Fernando Cevallos está imputado por el caso Lezo y ha sido sanciado por el Canal de Isabel II, tal y como adelantó esta emisora-.

Según ha sabido la SER, la propia Regiña Plañiol ha explicado a los miembros de la Comisión de Estudio sobre el endeudamiento que no acudirá como compareciente porque su presencia es “innecesaria” y “extemporánea”. No comparecerá porque esa comisión “ya estudió en su momento la gestión desarrollada por la Comunidad de Madrid en relación a la sociedad Campus de la Justicia y elaboró las correspondientes conclusiones respecto del tema”, ha respondido por escrito a los miembros de la Comisión.

Desde abril, la Fiscalía Anticorrupción investiga el faraónico proyecto del Campus de la Justicia, una ruinosa operación en la que se dilapidaron más de 90 millones de euros, según calcula la Cámara de Cuentas. La Fiscalía cree que los gestores de aquella etapa – el Partido Popular- pudo incurrir en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por “adjudicaciones de contratos al margen de la Ley, por la construcción de edificios de los cuales sólo hay uno concluido – que nunca se llegó a utiliza- y diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal”.

Aquella investigación surgió de la denuncia que presentaron los partidos de la oposición – PSOE, Podemos y Cs- tras el trabajo de la Comisión del Estudio de la Deuda, denuncia a la que se sumó, semanas después, la Comunidad de Madrid. El Gobierno madrileño también presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, se ampararon en el informe de la Cámara de Cuentas en el que detallaban todo tipo de irregularidades contables y contrataciones injustificadas.