Los ayuntamientos no podrán implantar los censos de perros por ADN, “porque no tienen competencias”

San Agustín del Guadalix

En abril de 2017, el pleno municipal de San Agustín del Guadalix aprobó una Ordenanza para regular la tenencia y protección de los animales de compañía que incluía la creación de un Censo Municipal de Animales de Compañía con el perfil genético. El objetivo era localizar y sancionar a los que abandonen las heces de sus mascotas en la vía pública, tal y como se está haciendo en otras ciudades de España, como por ejemplo Málaga.

Similar a la ordenanza malagueña, se fijaban sanciones de hasta 3.000 euros por no identificar el ADN de los perros, transitar sin chapa de identificación de ADN o dejar perros sueltos en los espacios públicos, además de no recoger las heces.

La portavoz de Cs en San Agustín del Guadalix, Ana García ha propuesto un cambio de esta ordenanza para evitar gastos innecesarios a los vecinos, puesto que explica que “Ley actual contempla como único método el microchip” y además, ha insistido “es una competencia de la Comunidad de Madrid no de los ayuntamientos”. García ha indicado que en los presupuestos de 2018 se prevé una partida de 85.000 euros para sufragar la prueba de ADN que realiza el laboratorio, “una partida que no es necesaria”.

El próximo jueves se debate esta moción en San Agustín del Guadalix donde su gobierno (PP) ha confirmado a SER Madrid Norte que se consultó al gobierno regional cuando se elaboró la ordenanza municipal. El alcalde del municipio, Juan Figueroa ha explicado que jurídicamente “hay alguna pega” y esperan que desde la Comunidad de Madrid se impulse una modificación que permita este tipo de medidas. Mientras tanto no se aplicará, “pero no es necesario retirarlo de la ordenanza”.

El Subdirector de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jesús Carpintero ha recordado que la competencia en la identificación legal de los animales de compañía es de los gobiernos autonómicos. La identificación en el caso de la Comunidad de Madrid, es obligatoria exclusivamente mediante la implantación de un microchip en el lado izquierdo del cuello.

Carpintero ha insistido en que no cabe otro sistema de identificación como el que proponen algunos ayuntamientos y en principio, “no hay ningún planteamiento de modificar la ley”.