El GOB pide que no se prorroguen las ocupaciones de costa que caducan en julio

PALMA

El GOB ha pedido a Demarcación de Costas que haga públicas todas aquellas construcciones en el litoral que a partir del próximo 29 de julio deberán derribarse al cumplirse 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Esta normativa aprobada en 1988 conllevó cientos de concesiones administrativas por un período de 30 años que ahora caducan y que no podrán renovarse al no cumplir la ley actual.

Los ecologistas explican que la ley es contudente y deja muy claro que sólo se podrán conceder prórrogas en aquellos casos en los que se cumpla la normativa actual. Según su portavoz, Margalida Ramis, la mayoría de supuestos no cumplen ese requisito por lo que deberán derribarse las construcciones y devolver el terreno a su estado original. Sólo podrán seguir en pie aquellas que cumplan con la ley vigente en la actualidad. Es por eso que ya han pedido un listado con todas estas construcciones que se ven afectadas por esta disposición.

Explica Ramis que desconocen el número exacto de construcciones que se ven afectadas por este punto e incluso duda de que en Demarcación de Costas tengan un registro actualizado. Dice que la ley es muy clara y se debe exigir su cumplimiento. Explica que algunos de los casos que ellos tienen documentados son piscinas de hoteles, piscinas privadas y algún chiringuito de obra en la playa.

El complejo Puro Beach en Ca'n Pastilla, las terrazas y piscinas de los hoteles Cala Vinyes y Diana en el Port de Pollença, la piscina de la casa de Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos y el chiringuito de Cala Torta son, según el GOB, algunas de las ocupaciones que se beneficiaron del permiso especial de 30 años contemplado en la ley de 1988 y que los ecologistas esperan que sean eliminadas para devolver la costa a su estado natural.