Los dirigentes de Coepa niegan ante el juez un fraude de 1,9 millones al Servef
Modesto Crespo, Joaquín Rocamora y Javier López Mora han declarado como investigados por presunto fraude en subvenciones
Centro de Oficios / google maps
Alicante
Dos expresidentes y un exsecretario general de la desaparecida patronal de Alicante (Coepa), Modesto Crespo, Joaquín Rocamora y Javier López Mora, respectivamente, han negado este viernes ante una juez haber defraudado al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) 1,9 millones de euros.
Según han explicado fuentes jurídicas, los tres han coincidido en señalar en sus respectivas declaraciones como investigados que esa ayuda, destinada a la construcción y equipamiento de un centro de oficios, era "compatible" con el crédito de casi cuatro millones de euros que concedió a la confederación empresarial para las mismas obras el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
"El proceso fue impecable, un ejercicio de transparencia. Una cosa es una subvención y otra, un crédito sujeto al derecho mercantil", ha declarado Javier López Mora a los periodistas al término de su comparecencia. Por su parte, tanto Crespo como Rocamora y sus respectivos abogados han rehusado contestar a las preguntas de los medios de comunicación.
La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, ha tomado declaración con posterioridad, ya en calidad de testigos, a un exdirector general del Servef, Joaquín Vaño, y al que fuera secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Luis Lobón.
Todas estas comparecencias fueron acordadas por la instructora a mediados del pasado mes de junio a petición de la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.
Supuesto fraude
El Servef sostiene que los dirigentes de la patronal le ocultaron que habían presentado para lograr el crédito del IVF las mismas facturas que le permitieron obtener luego la subvención para el Centro de Oficios y Formación de Coepa.
Ese edificio, ubicado en la calle Metalurgias de la ciudad y actualmente en desuso costó, según sus propietarios, unos 6,8 millones de euros.
Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2010, pero no fue hasta septiembre de 2016 cuando la Generalitat presentó una querella por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
La anterior instructora de la causa la archivó, con el visto bueno de la Fiscalía, al considerar que los delitos habían prescrito, pero la Abogacía valenciana recurrió ese auto y la Audiencia Provincial de Alicante ordenó reabrir las diligencias.
La instrucción del procedimiento está prácticamente acabada, pues los hechos no se discuten y el objeto de litigio estriba por el contrario en su interpretación jurídica. Así, la magistrada debe ahora decantarse por la versión de las defensas y sobreseer por tanto la investigación, o respaldar la de la acusación particular y procesar, por tanto, a los investigados como paso previo a la apertura de juicio oral.
