Martes, 24 de Septiembre de 2019

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Un juzgado abre diligencias por los pagos de Romaní al director de su tesis

La jueza acepta investigar la denuncia de los consejeros de Podemos en Aguas de Cádiz

Ignacio Romaní, concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, durante una rueda de prensa /

El juzgado de instrucción número uno de Cádiz ha abierto diligencias para aclarar por qué el concejal del PP Ignacio Romaní pagó hasta 42.000 euros de dinero público al que fue director de su tesis, el profesor de la Universidad de Cádiz, Carlos Guillén. La jueza presume una infracción penal de los hechos denunciados por los consejeros de Podemos en Aguas de Cádiz, que vieron en la actuación de Romaní y Guillén malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación. 

La titular del juzgado de instrucción número uno de Cádiz ve la posible existencia de infracción penal en esos pagos que Ignacio Romaní, como presidente de Aguas de Cádiz, realizó entre 2011 y 2015 al profesor Carlos Guillén. Era entonces el director de su tesis y, en un principio, esos pagos se justificaron en el encargo de una investigación que se parecía mucho en el título a la tesis que el propio Romaní estaba realizando. Una tesis sobre responsabilidad social en empresas públicas.

Tras conocerse estos hechos hace unos meses, los consejeros de Podemos en Aguas de Cádiz presentaron una querella en el juzgado sobre la base de un informe jurídico que vio en estos pagos de dinero publico posibles delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación.

La jueza cree que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Es el motivo por el que abre diligencias previas y solicita el domicilio del profesor universitario a efectos de notificación.

Fuentes judiciales han explicado a la SER que esta petición es el paso previo a que ambos sean llamados a declarar para escuchar su versión. La jueza pone en conocimiento de la Fiscalía y demás partes esta resolución, contra la que se puede interponer recurso de reforma en el plazo de cinco días.

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