Ayuntamiento y Diputación defienden su gestión ante la trama Enredadera

Soria

El Caso Enredadera salpica al Ayuntamiento de Soria y a la Diputación. Según publicó ayer el periódico regional 'El Norte de Castilla', el empresario José Luis Ulibarri, ahora en prisión preventiva, se valió de la empresa Aralia Servicios Sociosasnitarios SL para optar a sendos concursos en Soria de Ayunamiento y Diputación Provincial, ambas gobernadas por el PSOE, en materia de Ayuda a Domicilio por valor de más de 23 millones de euros. Según el artículo, el empresario habría mantenido conversaciones con los regidores de ambas instituciones para allanar el camino y lograr las adjudicaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio, por unos 3 millones de euros, en el caso de la capital, y de 20 millones en el caso provincial. Si bien en los registros de domicilios y sedes de Ayuntamientos a cargo de la UDEF no figuran ni el Ayuntamiento de la capital ni la Diputación provincial, en conversaciones interceptadas entre septiembre de 2017 y enero de 2018, Ulibarri dio indicaciones a su yerno, apoderado de Aralia, así como a un directivo de la constructora FCC, asegurando que podrían conseguirse ambas adjudicaciones sin mayor problema.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez se muestra contundente al salir al paso de lo recogido en dicho artículo de El Norte de Castilla al defender la transparencia en la actuación de su Ayuntamiento. En declaraciones a SER Soria apela al manido concepto de 'luz y taquígrafos' y se muestra contrariado. "En primer lugar, sorpresa, que se vuelve indignación e incluso cabreo. Ya tenemos culebrón del verano con la vinculación de dos instituciones locales (Ayuntamiento de Soria y Diputación) con una trama de presunta corrupción de la que nos queremos alejar de toda sombra de duda. En ese artículo se me cita como "extremadamente cauto", pero yo añado dos calificativos: escrupuloso y honesto", asegura Martínez.

Con respecto a la adjudicación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio a Aralia, Martínez aclara que esa adjudicación está en el aire, porque si bien esta empresa vinculada a Ulibarri ganó el concurso, por presentar "una mejor oferta a la baja", hay un recurso presentado por la anterior adjudicataria, CLECE. "Y el recurso lo remitimos al TARCYL, el Tribunal de Recursos Administrativos Contractuales, y estamos a la espera de que nos confirmen si está bien desarrollada toda la gestión administrativa, que estoy convencido de que sí, o si hay alguna mancha de algún tipo. Pero a día de hoy no tenemos ninguna relación contractual vinculante con esta empresa (Aralia), no está presentado servicio alguno y, por tanto, no hay ningún tipo de facturación".

El primer edil ha pedido a los técnicos municipales un informe pormenorizado sobre todo lo relativo al concurso de adjudicación. Mientras tanto, asegura que no tiene constancia de que el Ayuntamiento esté siendo investigado. "Que tengamos conocimiento, no ha habido ninguna investigación ni ha habido ningún registro policial... Mañana no sé si pudiera haberlo, es un día a día. De lo que estoy convencido es de la honestidad de las acciones que estamos desarrollando. Y cuando no tienes nada que ocultar, hay que presentar luz y taquígrafos y este Ayuntamiento tiene las puertas abiertas el cien por cien de los días para que la gente pueda participar y pueda generar en la ciudadanía, con su implicación en la gestión, la mayor confianza en su Ayuntamiento".

También Luis Rey, presidente de la Diputación, defiende el buen hacer de la institución en la adjudicación del servicio en un concurso que, afirma, fue transparente y legal. “Publicidad, transparencia y legalidad en las contrataciones. Es un expediente que ha pasado por varias comisiones, inicialmente por el Pleno, por la Junta de Gobierno Local… Cuenta con varios informes, incluidos de valoración. Es una adjudicación en la que hay bastante diferencia en la valoración técnica, en la plica económica… Creo que es un contrato que deja pocas dudas a tenor de los diferentes informes técnicos”.

Con el fin de despejar cualquier sombra de duda o sospecha sobre la Diputación, Rey anuncia una comisión extraordinaria para este mismo viernes, “para que vuelva a verse el asunto en servicios sociales, para que todo el mundo, si tiene dudas, pueda aclararlas, con informes y toda la documentación. No quiero que haya ninguna duda en un servicio esencial como es la Ayuda a Domicilio, que afecta a 800 personas en la provincia. No quiero que haya ninguna sombra que ponga en duda la legalidad de la adjudicación del servicio, ni quiero ninguna sombra de duda que manche a la Diputación, que ha actuado con lealtad y honestidad y en este y otros pliegos”.