Compromís recurrirá a la Audiencia los años con las adjudicaciones prescritas

Alicante

Varapalo para Compromís, el partido que había llevado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante el supuesto fraude de 3,2 millones de euros en adjudicaciones realizadas para la Feria FITUR entre los años 2004 y 2008, y que ahora ha dado por prescritas todas las actuaciones previas al año 2007.

El juez ha rechazado, además, dos recursos presentados por Compromís contra tal decisión, la última de ellas a comienzos del verano.

La coalición acata, pero no comparte la decisión judicial, que no acepta ni continuidad delictiva, ni quiere declarar la causa como compleja. Esto se traduce en que la investigación se limitaría a 2007 y 2008, cuando las supuestas irregularidades tuvieron una menor cuantía, y dejaría fuera 2006, el año donde las irregularidades rondarían el millón de euros; siempre, en la etapa en que el popular José Joaquín Ripoll estuvo al frente de la Diputación de Alicante.

Por eso, su portavoz, Gerard Fullana, ha anunciado que recurrirán a la Audiencia Provincial para que las adjudicaciones se investiguen desde 2004.

Y al margen del recurso en los tribunales, emplazan a una investigación política. Exigirán al actual presidente de la Diputación, a César Sánchez, como máximo responsable de Transparencia del PP en el ámbito nacional, que depure responsabilidades políticas, al margen de que las actuaciones queden o no prescritas.

Son adjudicaciones, recordamos, que se hicieron sin licitación, por contratos aparentemente fraccionados, por urgencia y sin motivar en todos los casos, y a las que se presentaban únicamente dos empresas, Equipamientos Integrales de Stand Molinos SL y Exporigging, bien juntas o bien separadas, en manos de un matrimonio; las mismas mercantiles, además involucradas en el caso FITUR Orihuela, actualmente pendiente de juicio.

Recordamos que Ana Kringe y Miguel Juan Baldó, gestores del Patronato de Turismo Costa Blanca en los años 2007 y 2008, en la etapa de Ripoll en la Diputación, ya comparecieron ante el juez.

También lo hicieron los dos empresarios investigados, el matrimonio de Javier Molinos y Mercedes Lasa, responsables respectivos de las mercantiles Equipamientos Integrales y Exporigging, ambas radicadas en el País Vasco y beneficiadas con esas adjudicaciones, que alegaron que todo se verificaba por los técnicos y que ellos sí tenían experiencia en el sector.