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Miércoles, 18 de Septiembre de 2019

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El juzgado requiere la documentación de los pagos al director de tesis de Romaní

La juez inicia diligencias antes de señalar la toma de declaración a los testigos e investigados

Reunión del consejo de administración de Aguas de Cádiz /

El profesor Carlos Guillén, director de la tesis universitaria del concejal del PP de Cádiz Ignacio Romaní, ha sido requerido por la justicia para entregar de forma urgente el informe que le encargó la empresa Aguas de Cádiz, entonces presidida por Romaní, y todas las facturas que recibió de esta compañía. Es parte de una providencia, a la que tenido acceso la SER, de la magistrada juez Carmen Fornell, que también reclama documentación a Aguas de Cádiz y la Universidad de Cádiz. Son diligencias acordadas antes de señalar el día para la toma de declaración de denunciados y testigos.

Según se sabe hasta ahora, por la documentación conocida, y avanzada por esta emisora, Carlos Guillén recibió de Aguas de Cádiz entre 2011 y 2015 42.000 euros de dinero público de la empresa gaditana, pagos avalados con su firma por Ignacio Romaní, quien entonces era su presidente. Guillén era entonces director de la tesis universitaria de Romaní, que finalmente aprobó en 2013. La realizó en un año, con lo que algunos de los pagos se aprobaron cuando ya Guillén era director de la tesis de Romaní. El profesor había pedido en 2011 43.000 euros para realizar una investigación sobre responsabilidad social en empresas públicas, precisamente, el mismo tema sobre el que versó la tesis de Romaní.

La falta de claridad y las dudas surgidas por estos pagos llevaron a los consejeros de Podemos en Aguas de Cádiz a presentar una denuncia en el juzgado, que fue admitida a trámite en julio de este año sobre la base de un informe de la empresa que veía en la actuación de Romaní y Guillén posibles delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación.

La titular del juzgado de instrucción número uno de Cádiz, Carmen Fornell, se ha apresurado en continuar las diligencias. Apenas un mes después, tras las vacaciones de agosto, el pasado 7 de septiembre envió una providencia en la que admite a trámite la solicitud de documentación clave en el caso.

En primer lugar, pide a Carlos Guillén que envíe una copia del informe elaborado por el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa (OARSE) y que remitió en mayo de este año a Aguas de Cádiz. El requerimiento es especialmente preciso porque reclama que esa copia sea digitalizada e incluya todos los archivos y antecedentes documentales de ese informe. Este matiz es importante porque, cuando se le requirió este documento una vez saltó el escándalo, Guillén envió a la SER una copia impresa, pero no un archivo digital del documento, lo que impedía seguir el rastro digital de cuándo realmente se creó ese documento.

La SER recibió una copia con una portada diferente de la que se envió a otros medios y a la propia Aguas de Cádiz y con fechas distintas. En todo caso, el informe, pagado en 2011 y 2012, contenía datos de 2014, y Aguas de Cádiz no tuvo acceso a él, por lo que nunca tuvo una utilidad real.

La jueza pide ahora a Guillén los justificantes contables de las facturas cobradas entre 2011 y 2014, en las que recibió dinero para el OARSE, a pesar de haber pedido inicialmente el dinero para una investigación de la Universidad de Cádiz. Un informe de la universidad gaditana reveló que ningún otro profesor de la UCA ni grupo adscrito a ella trabajó en ese informe ni en una investigación como para la que Guillén pidió dinero a Aguas de Cádiz.

La providencia también se dirige a Jesús Oliden, como actual gerente de Aguas de Cádiz, para que aporte toda la documentación de contratación, si la hubiera, sobre esas facturas reclamadas a Guillén. También le solicita que acredite el carácter jurídico de las entidades desde la que se abonó y cobró ese proyecto, ya que alguna se puso a cargo de la Fundación Aguas de Cádiz.

Finalmente, la providencia se dirige a la Universidad de Cádiz para que aporte, si lo hubiera, un protocolo sobre proyectos de investigación y del OARSE. La UCA ya explicó en un informe que no existía ninguna relación entre este observatorio y la universidad. Tras ese informe, el rector aseguró que se estudiarían medidas sobre la situación de Carlos Guillén en la UCA, aunque estas medidas, de haberse tomado, no se han hecho públicas.

La magistrada concluye su providencia asegurando que, una vez que reciba la documentación, se señalará el día para la toma de declaración a los denunciados y testigos.

 

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