"La Intervención informó al presidente y a los consejeros" del sistema "inadecuado, irregular o ilegal" de los ERE

Anticorrupción mantiene ante el Tribunal del juicio político de los ERE que tanto el presidente del Consejo de Gobierno como los consejeros y viceconsejeros conocieron los informes adicionales de la Intervención. "Aunque no están reglados, fueron conocidos por los titulares de consejerías, viceconsejerías y presidente del Consejo de Gobierno. Supieron de su existencia y de su razón de ser", ha señalado el fiscal. En ellos se afirmaba que se estaban pagando subvenciones prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin control.

“Llámese como se llame, el uso inadecuado, indebido o fraudulento de las transferencias de financiación", con el que se pagaron los ERE, "fue detectado en los informes de Control Financiero Permanente elaborados por la Intervención que fueron puestos en conocimiento de los destinatarios”; que eran los consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda, ha manifestado.

La Junta, según las acusaciones, pagó durante una década ayudas directas a empresas y ayudas sociolaborales con transferencias de dinero de la consejería de Empleo, que las concedía, a la Agencia IDEA, que las pagaba. Con esta fórmula el interventor de Empleo no veía ninguna documentación, no controlaba el gasto. Y los interventores de IDEA no podían acceder al expediente administrativo de concesión, que, estaba en Empleo y la mayoría de las veces ni siquiera existía.

"La eficacia no dispensa del cumplimiento de la ley", ha dicho en otro momento la Fiscalía. "Las bondades del procedimiento" que los acusados establecieron para pagar esas ayudas permitió a la consejería de Empleo disponer de fondos sin control alguno. Fondos con los que se dieron ayudas a empresas, nunca a trabajadores, ha repetido. Y ha recordado que las sentencias de los Tribunales por el impago de algunas pólizas se han pronunciado en el mismo sentido.

Este miércoles el Ministerio Público ha comenzado a exponer su informe y ha empezado remarcando que "para eliminar de forma tajante cualquier duda, el objeto de este procedimiento no abarcar los pagos" de las ayudas; sino aquellos hechos que "de forma consciente facilitaron que los fondos salieran de las arcas públicas eludiendo los mecanismos legalmente establecidos".

El fiscal se ha referido de forma reiterada a que las ayudas se otorgaron sin procedimiento alguno y sin documentación o "papeles". "Es generoso hablar" de que existía documentación para solicitar o conceder el dinero. "Los expedientes eran incompletos, estaban dispersos, desordenados, eran escasos, no existían o se guardaban en cajas de pollo", un detalle que manifestó un testigo durante el juicio. "No consta solicitud, no consta concesión y no se observan los trámites", ha insistido.

El Ministerio Público “no encuentra ningún fundamento” para el cambio que se realizó en el año 2000 con la introducción de las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA para el pago de las ayudas. Eso supuso que en Empleo se pasa a un “expediente que separa la concesión de la ayuda y la materialización del pago". Con este cambio lo que ocurrió fue que los fondos de la partida 31 L se gastaron "con absoluta falta de procedimiento".

El fiscal seguirá leyendo su informe el lunes.