La comisión de investigación concluye que hubo "injerencias políticas" en Urbanismo, pero rechaza pedir dimisiones

Málaga

La comisión de investigación de Urbanismo determina, con el voto de toda la oposición y el rechazo del PP, que “hubo injerencias políticas, presiones e incluso represalias para frenar expedientes de infracciones” con el conocimiento del alcalde, pero rechaza depurar responsabilidades políticas y deja este asunto en manos de los tribunales.

En sus conclusiones, la comisión considera acreditado que no sólo hubo injerencias en el caso de Villas del Arenal, sino en el resto de expedientes de infracciones desde que el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares y su gerente, José Cardador, tomaron las riendas de la gerencia en 2013 con el fin de evitar y retrasar multas y derribos forzosos. Que se transmitieron instrucciones expresas para que los concejales y directores de distrito visaran previamente los expedientes y para que desde el servicio de inspección no se emitieran más de 10 resoluciones a la semana, no imponer multas o sanciones sin averiguar la capacidad económica del infractor o un máximo de una multa coercitiva al año.

También se considera probado que de las 11.834 denuncias urbanísticas registradas por el ayuntamiento de Málaga entre 2006 y 2016, más de 1.000 caducaron y más de 7.000 fueron archivados sin investigar.

Visiblemente enfadado, el concejal Pomares, rechazaba las conclusiones aduciendo que es cosa juzgada en demandas laborales y se despachaba diciéndole a la oposición que sólo falta que les acusen de “terrorismo”: “Lo que han dicho ocho jueces ustedes lo ponen en cuestión, una y otra vez, y algunos grupos incluso calumnian a los funcionarios públicos, diciendo que son cloacas las áreas municipales de este ayuntamiento, mafias, (…) nos falta el delito de terrorismo prácticamente en algunas de las conclusiones”.

Sin embargo, no ha salido adelante la petición de asunción de responsabilidades políticas. Y aquí ha sido fundamental la abstención de Ciudadanos, que ha posibilitado que se rechace pedir la dimisión del edil Pomares y de Cardador apoyada en bloque por la bancada de izquierdas.

El concejal del partido naranja y presidente de la Comisión, Alejandro Carballo, argumentaba que hay que ser “prudentes”, ya que la Fiscalía ya estudia este asunto: “Hay que ser cautelosos”, indicaba el edil, argumentando que “tiene que ser en el seno de un posible juicio (…) el que decida si posteriormente hay que depurar responsabilidades políticas o no”.

Ciudadanos también ha evitado apoyar aquellas premisas que indicaban la existencia de una “organización” en urbanismo para que “caducaran” intencionadamente los expedientes, como defendían las fuerzas de izquierdas. “Ha quedado acreditado que hubo una decisión política por parte de los responsables municipales de Urbanismo de dejar morir expedientes sancionadores de infracciones urbanísticas”, indicaba el portavoz de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla. Ysabel Torralbo, la portavoz de Málaga Ahora, concluía por su parte: “sí que hubo una organización política para llegar a cabo una intromisión política en los expedientes de infracción”, mientras que el concejal socialista Sergio Brenes, afirmaba sobre el relato de algunos comparencientes: "esas personas que son funcionarios de este ayuntamiento o cargos de confianza del PP han llegado a hablar de amenazas, coacciones, de persecución laboral, de incitación a la prevaricación, de mirar para otro lado, términos que desde luego son más propios de una organización mafiosa que de un organismo público.

Una comisión de investigación con bronca política incluida cuando la concejala Teresa Porras pedía comparecer por alusiones e intentaba exceder el tiempo otorgado por el presidente de la comisión: “¿Qué se cree, que no me ido al juzgado?, ¡claro que me he ido!” o “¡presunción de inocencia! aquí se nos ha condenado y ustedes no quieren conocer la verdad”, afirmaba Porras entre las protestas de los ediles de la oposición que le pedían que dejase el uso de la palabra. "No puedo cerrarle el micrófono, ¿qué hago?, ¿le tiro una zapatilla?", concluía Carballo, presidente de la comisión, en clave de humor.