Los salarios de los trabajadores de la Junta subirán un 2,25 % en 2019

Mérida

Los sueldos de los 47.000 trabajadores de la Junta de Extremadura subirán un 2,25 %, el máximo permitido, en el año 2019, en el que también se desbloqueará la carrera profesional, mientras que se pretende acabar con la penalización por baja médica lo antes posible.

Así se ha acordado este viernes en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que ha presidido la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

La vía para eliminar cuanto antes la penalización por incapacidad temporal podría ser la aprobación de un decreto ley. Blanco-Morales ha explicado a los periodistas que Extremadura podrá aplicar el incremento salarial una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2019 o la norma que habilite el Gobierno.

En este sentido, Francisco Jiménez, de CC. OO., ha recordado que si la aritmética parlamentaria no permite la aprobación de las cuentas, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a aprobar un decreto que dé vía libre a la subida.

Jiménez ha apuntado que habría un 0,25 % de complemento adicional en función del cumplimiento del objetivo de déficit, con el que no cumplen ni Extremadura ni la Comunidad Valenciana.

En este sentido, Blanco-Morales ha recordado que Extremadura ha defendido que no haya "funcionarios de primera y de segunda", y que "no se vean condicionados por normas que son coyunturales, como la de estabilidad presupuestaria".

Al margen de cuándo esté la normal nacional que lo habilite, la subida salarial tendrá efectos desde el 1 de enero. El representante de CC. OO. espera que no ocurra lo que en 2018, que los trabajadores de educación tardaron dos meses más en cobrarla.

Benito Román, de CSIF, ha apuntado que el incremento salarial supondrá unos 35 euros brutos al mes y 420 brutos anuales.

José Ignacio Luis Cansado (UGT) ha recordado que la subida del 1,5 % en 2018 también fue la máxima permitida.

Por otro lado, la regulación de la incapacidad temporal permitirá cobrar íntegramente el suelo en caso de enfermedad y se ampliará a los supuestos de maternidad, paternidad y embarazo con riesgo.

UGT y CC. OO. han criticado el retraso en desarrollar el acuerdo de junio, mientras que para CSIF ha sido un claro incumplimiento, lo que llevó a este sindicato a echarse a la calle.

Todas las partes se han mostrado satisfechas por la recuperación de derechos para los empleados públicos.