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Sábado, 19 de Octubre de 2019

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La Guardia Civil considera el móvil económico como el más probable en la muerte del preso fugado

Poco antes de salir en su último permiso, había cobrado una herencia

La Guardia Civil rastrea la zona donde se localizó el cuerpo / Guardia Civil

La Guardia Civil de Ourense ha asegurado que el móvil del crimen del preso fugado de la cárcel ourensana de Pereiro de Aguiar el pasado mes de agosto, Fernando Iglesias Espiño, fue la herencia de 26.000 euros que había cobrado la víctima "poco tiempo" antes de su desaparición. La operación ha sido nombrada como 'Avaro'.

Los presuntos autores de los hechos, detenidos por un supuesto delito de asesinato y robo con violencia, son dos hombres de 43 y 38 años, ambos conocidos del recluso, ya que uno de ellos regentaba una granja en la que Fernando Iglesias trabajaba en sus salidas de permiso penitenciario. El equipo de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense se hizo cargo de la investigación tras recibir el pasado mes de agosto la comunicación del no reingreso del preso, que cumplía una condena de 25 años por asesinar a su mujer y a los dos hijos de ambos en 1996 en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras analizar esa información, los investigadores observaron circunstancias extrañas en torno a la desaparición de esta persona, sacando como primera conclusión que la desaparición había sido forzada y que el hecho de haber cobrado una herencia de 26.000 euros hacía poco tiempo podría estar relacionado. Una de las principales líneas de investigación orquestadas fue el rastreo del dinero, en la cual se pudo comprobar que, menos de 15 días después de la desaparición del recluso, se habían sacado 15.000 euros de su cuenta corriente. 

Para la localización del cuerpo se realizó un "gran despliegue" con el uso de manera simultánea de medios del Servicio Provincial de Emergencias de Ourense, drones de la Axega y detectores especiales de las Fuerzas Armadas. El operativo, que implicó a un total de 30 personas y estuvo dirigido por el Juzgado de Instrucción Número 1 y la Fiscalía de Ourense, en el que trabajaron un total de 30 personas, necesitó el servicio de empresas privadas para la extracción de tierra y residuos.

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