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Miércoles, 20 de Noviembre de 2019

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Multitud de planes, muchas dificultades de gestión y poca ejecución

De los 293 municipios aragoneses que solicitaron ayudas al fondo de cohesión territorial contra la despoblación, solo 98 las consiguieron. En muchos de ellos tampoco se cumplen los requisitos de la convocatoria estatal. Además, la legislación complica la gestión y llegar a los plazos

Las cuentas de la despoblación son como rosarios. No hay institución, diputación o gobierno que se precie que no haya impulsado este año partidas para combatir el declive demográfico. Pero una cosa son los presupuestos (que el papel lo aguanta todo) y otra bien distinta las ejecuciones y su resultado. ¿Cuánto y en qué se ha invertido? ¿Cómo y para qué? Son las preguntas a las que buscamos respuesta, hechos y datos.

Los números son  más escasos de lo que parece y los problemas de gestión mayores de lo que deberia. Es lo que hay detrás de muchos fondos contra la despoblación. Las cuantías específicas no son elevadas porque en el caso del gobierno central y regional es la primera vez que se lanzan convocatorias concretas para ello. En el territorio  se tropiezan con tremendas dificultades. El primero que lo reconoce es el consejero de Vertebración, José Luis Soro. "Hemos planificado y lo hicimos con la directriz de la política demográfica y contra la despoblación, con un trabajo de 20 meses", explica. "Ahora, hemos pasado a la acción en el Fondo de Cohesión Territorial, dotado solo con 2,5 millones porque no pudimos dotarlo con más" debido a "muchísimas dificultades de gestión". Recuerda que en marzo se aprobó el presupuesto y  la convocatoria salió a finales de julio. "Se ha dado la vuelta a la forma de actuar, de abajo a arriba", es decir, "Se trata de que los pueblos digan lo que necesitan" y no al revés.

Sin embargo,  esos ayuntamientos se chocan contra una legislación estatal encorsetada, compleja y difícil que les impide casi todo, como "los contratos, los plazos y, por lo tanto, las propias ejecuciones", describe el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia. "Sería necesaria una cierta flexibilización a los pueblos más pequeños en temas administrativos" porque "sin dejar contratar gente, sin dejar gastar el dinero y con unas leyes de contratación prácticamente imposibles nos complica la ejecución presupuestaria".

La prueba está en los datos. De los 293 municipios aragoneses que solicitaron ayudas de este fondo de cohesión, solo 98 las consiguieron, es decir, no alcanza el 35%. Y tampoco llegan al 40% las comarcas beneficiarias. El gobierno defiende el sistema de concurrencia competitiva, de criterios objetivos y no de moneda de cambio política, pero en los pueblos las cosas se ven de otra manera. Y ponen ejemplos claros. Por ejemplo, en el caso de otro fondo,  el que ha puesto en marcha la Comisionada estatal contra la despoblación del gobierno central: En muchos municipios aragoneses afectados la despoblación no se puede acceder a estas partidas porque no cumplen con sus requisitos.  Son 80 millones de euros para toda España, "un plan para personas de menos de 30 años en pueblos afectados por la despoblación" pero "hay en muchos de nuestros pueblos en los que ya no existe esa población en el paro para poder acogerse", concreta Gracia.

Es el problema de no diseñar las políticas adaptadas a los territorios. Pero para contarle la realidad aragonesa aquí hay otro comisionado, el de Aragón contra la despoblación. Javier Allué se reunió con su homóloga estatal este mes de diciembre y le pidió nuestra comunidad sea escenario de un plan piloto. Pero, claro, sin presupuestos solo quedan las estrategias y "les he trasladado que en los Presupuestos Generales del Estado figuren ya partidas concretas para desarrollar la estrategia nacional para el reto demográfico, si es que es una prioridad". 

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