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Carne con con esclavos

En una madrugada de noviembre del 2014 la fábrica Campofrío, Burgos, sufrió un aparatoso incendio que la dejó inservible. Las ayudas públicas (municipales y autonómicas) para poder reabrir dos años después la nueva factoría rondaron los 40 millones de euros.

En mayo del 2016 el fuego destruía a media tarde el edificio de Embutidos Rodríguez de Soto de la Vega. El suceso nos permitió descubrir la calamitosa situación laboral en que trabajaban el 80 % de sus 400 operarios. Bajo el paraguas de cooperativistas, esta entidad convierte en autónomos a los que en realidad son obreros estables de una cadena de producción con horarios, funciones y lugar de trabajo estables.

El modelo ahorra a la empresa centenares de miles de euros en gastos de personal, dejándolos, eso sí, sin las garantías sociales básicas del convenio que debiera regularles. La empresa no paga vacaciones, ni seguridad social, ni bajas por enfermedad o accidente. A la vez deben soportar, a criterio de la dirección, continuas prolongaciones de la jornada de trabajo. Su salario neto ronda los 900 euros.

La entonces consejera de agricultura, hoy portavoz del gobierno regional, Milagros Marcos, aseguró que Embutidos Rodríguez tendría el mismo protocolo de ayudas que se había aplicado en el incendio de Campofrío.

El pasado verano la factoría Rodríguez abría sus nuevas y modernas instalaciones, se supone que habiendo recibido las subvenciones prometidas. Sospechosamente tales ayudas nunca se han públicas.

La empresa que factura más de 120 millones de euros y que mueve cerca de medio millón de toneladas diarias de carne continúa usando un modelo de contratación laboral que está cercano a la esclavitud, como denuncian los trabajadores hoy camino de su primera huelga.

Dar ayudas públicas a empresas con prácticas laborales de la edad media coloca al gobierno de Herrera más de cerca de Vox que de la Constitución del 78.

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