Archivada la causa penal contra la venta de viviendas públicas de Botella

Madrid

El Juzgado de Instrucción N.º 38 de Madrid no considera que se haya producido ni malversación, ni prevaricación, ni fraude en la venta de 1.860 viviendas públicas que llevó a cabo el gobierno de Ana Botella. La resolución llega poco después del fallo del Tribunal de Cuentas que sí condena al entonces Consejero Delegado de la EMVS, Fermín Oslé, y al equipo de Gobierno de Botella a pagar 26 millones de euros por el perjuicio que esa operación ocasionó a las arcas públicas.

Este, el penal, es otro procedimiento diferente. Lo inició el grupo municipal socialista y la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas de la EMVS. Ya se archivó en 2015, pero la Audiencia Provincial ordenó su reapertura y ahora vuelve a archivarse. Tanto el PSOE, como los afectados, esperaban que, tras la decisión del Tribunal de Cuentas, esta causa también prosperará. Sin embargo, el Juez de Plaza de Castilla considera que no se ha producido ninguno de esos tres delitos.

"No existen elementos suficientes que permitan la continuación del procedimiento y sí, contrariamente, el sobreseimiento de la causa", afirma el Juez. "Para solventar una angustiosa situación económica por la que atravesaba la EMVS, se acordó, por quien tenía competencias para ello, llevar a cabo un plan que contemplaba, entre otras medidas, la venta de inmuebles".

Sí reconoce, sin embargo, que se hayan producido "irregularidades formales y menores", pero, en cualquier caso, el Consejero Delegado de la EMVS, según el criterio del Juez, "respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresa cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas". Argumenta, además, que en la operación "nunca se produjo la desnaturalización de la situación jurídica de los inquilinos o arrendatarios de las viviendas afectadas por la compraventa".

Descarta la vía penal, pero no que el procedimiento continúe por otras vías. A lo largo del auto, de 41 páginas, dice que "la venta de las viviendas, independientemente de lo que pueda resultar en otras jurisdicciones o ante otros órganos constitucionales, regidos por sus propios principios y sus propias finalidades, no revela haberse cometido conducta alguna incardinable en un tipo penal".

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El Tribunal de Cuentas, en su decisión del pasado mes de diciembre, concluía que la venta se había realizado por debajo del precio del mercado, como argumentaban, también, los informes de tasación y la Cámara de Cuentas. Cifraba, este órgano, en casi 26 millones de euros los perjuicios ocasionados en los fondos de la empresa. El Ayuntamiento de Madrid recurrió esta sentencia porque consideraban que el perjuicio había sido mucho mayor: de 127 millones de euros. Además, su intención es iniciar, de nuevo, un procedimiento de nulidad para revertir la venta y que vuelvan a ser propiedad de la EMVS.

El Juzgado de Instrucción, a diferencia del fallo del Tribunal de Cuentas, que juzga únicamente lo contable, concluye que "la decisión de adjudicación a la empresa adjudicataria y por la cantidad final no aparece como una decisión arbitraria, grosera, esperpéntica, ni contraria a la lógica de las cosas ni a los precios fijados en el mercado". Tanto el Ayuntamiento de Madrid, como el grupo municipal socialista van a recurrir el fallo.