Designado el nuevo tribunal que juzgará a Castedo y Díaz Alperi por el PGOU
Las tres magistradas que lo componen deberán fijar ahora la fecha para la vista de la pieza de Brugal por el supuesto amaño del PGOU en favor de Enrique Ortiz
El empresario Enrique Ortiz (i) y Sonia Castedo (d), viendo un partido en el palco. / Cadena Ser
Alicante
La Audiencia Provincial de Alicante ha designado al nuevo tribunal que juzgará la rama del caso Brugal relacionada con el supuesto amaño del Plan General de Alicante en favor del promotor Enrique Ortiz, donde serán enjuiciados los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.
Además del promotor y los exalcaldes populares, en el juicio se sentarán en el banquillo de los acusados los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, un hermano de Ortiz, Virgilio, y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.
Los magistrados de la Sección Tercera a los que inicialmente había sido turnada la celebración del juicio presentaron un escrito de abstención, el pasado enero, al considerar que podían quedar invalidados frente a posibles impugnaciones por una supuesta "contaminación previa", al haber conocido parte de la causa durante la instrucción.
El tribunal aceptó los argumentos de los magistrados para evitar que la futura sentencia pudiese quedar anulada y dio paso a la elección de un nuevo tribunal, que estará compuesto por las magistradas Montserrat Navarro (que ejercerá como ponente), Cristina Escoda y Margarita Esquivá.
Su designación se ha decidido por turno de reparto y las magistradas disponen de la opción de presentar un escrito de abstención, en el caso de que consideren que existen causas para hacerlo.
En todo caso, la celebración del juicio se continuará organizando administrativamente desde la Sección Tercera y el nuevo tribunal debe concretar aún la fecha de la vista oral.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 10 años de prisión para Castedo y Díaz Alperi como presuntos responsables de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Para Ortiz, el acusador público pide una pena de 8 años de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
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