A juicio un constructor acusado de vender pisos ilegales

Palma

La Audiencia Provincial de Palma juzgará en noviembre a un constructor y a un arquitecto por vender cuatro estudios en un local de Palma sin tener las licencias pertinentes para ello. La Fiscalía pide para el constructor 8 años de cárcel y dos años y medio para el arquitecto. Se sientan en el banquillo acusados de estafa y falsedad. El juez reclama para ambos una fianza de responsabilidad civil de 400 mil euros. El constructor ya se ha declarado insolvente.

El constructor, José Luis Rodríguez, tiene antecedentes por otras operaciones similiares y ya ha sido condenado tres veces: una por estafa y dos por alzamiento de bienes. En este caso, según la Fiscalía, el principal acusado compró una planta baja con uso comercial de almacén y solicitó permiso para construir despachos y viviendas. El Ayuntamiento se lo denegó y volvió a presentar otro proyecto años más tarde recibiendo la misma respuesta. Pese a eso, construyó 4 estudios de menos de 30 metros cuadrados sin cumplir con la normativa. La Fiscalía explica que no sólo son ilegales sino que además no se van a poder legalizar. Una vez construidos, los vendió por precios que van de los 65 mil a los 85 mil euros.

El constructor consiguió las cédulas de habitabilidad gracias a un informe falso, según la Fiscalía, elaborado por el arquitecto acusado.

La fiscal relata que en ningún momento se advirtió a los propietarios de las infracciones realizadas por el constructor en cuanto a los mínimos de superficie, ventilació y alteración del uso del inmueble. Además, dice, el hecho de que no se vayan a poder legalizar supone un perjuicio añadido para los compradores.

La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el constructor además de una multa de 14.400 euros. También tendrá que devolver el dinero pagado por cada comprador más los gastos notariales, de registro y de la hipoteca.

Para el arquitecto, el ministerio público reclama dos años y medio de prisión y una multa de 5.400 euros.

La acusación particular también reclama ocho años de prisión para el constructor y una multa de 36.000 euros, mientras que para el arquitecto solicita una condena de seis años de cárcel y 27.000 euros de multa. Además, el abogado que defiende a las víctimas pide la devolución de más 300.000 euros del dinero de la venta de las viviendas, los gastos notariales, de constitución de las hipotecas, por gestión de préstamos hipotecarios y por daños morales. La acusación particular también solicita una fianza de 400.000 euros para los encausados.

El abogado de las víctimas, Vicente Martínez, acusa al constructor de ocultar a los compradores que las viviendas que adquirían eran ilegales y se habían construido sin licencia de obras municipal, vulnerando la legislación urbanística e incumpliendo las condiciones mínimas de habitabilidad. Explica que todo empezó cuando al recibir el recibo del IBI vieron que aparecía uso comercial.

La viviendas, afirma en el escrito de la acusación particular, son ilegales e ilegalizables para el uso de vivienda, porque la superficie que consta en la escritura y en el Registro de la Propiedad incumple los 26 metros cuadrados que legalmente se exige para ello. Eso quiere decir que no van a ser nunca legales así que no las podrán vender ni alquilar.