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Miércoles, 18 de Septiembre de 2019

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Marlaska hablará este jueves en el Congreso del acercamiento de presos de ETA y el traspaso de Prisiones a Euskadi

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá este jueves en el Congreso para hablar sobre el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco o sobre la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de prisiones al Gobierno de esa comunidad.

Marlaska acumulaba diferentes solicitudes de explicaciones por parte de los grupos de la oposición, a las que dará respuesta este jueves en la Comisión de Interior, donde está previsto su comparecencia para las cuatro de la tarde.

En concreto, el PP ya había reclamado en la Diputación Permanente del pasado 28 de enero que el ministro acudiera a la Cámara Baja antes de que acabara ese mes para hablar sobre el acercamiento de presos a las prisiones vascas, pero finalmente el PSOE aseguró que Marlaska se había comprometido a acudir en febrero para dar cuenta de su política en esta materia. También Ciudadanos le pide cuentas al por este asunto.

No habrá acercamientos "indiscriminados" 

El titular de Interior sostiene que no se puede mantener la política de dispersión de los presos etarras tras la disolución de la banda, lo que no quiere decir, según recalca, que ahora se vayan a realizar acercamientos "indiscriminados" de reclusos.

Los 'populares' también pidieron cuentas en esa Diputación Permanente a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, por el traspaso al País Vasco de la gestión de las cárceles, asunto que atenderá este jueves Marlaska en la Cámara Baja y por el que también reclama explicaciones el partido de Albert Rivera.

Desde el Gobierno defienden que la competencia sobre prisiones que están negociando transferir al País Vasco supone el traspaso de la organización y funcionamiento de las prisiones, lo que no incluye la política penitenciaria, que es estatal.

Pero hay otros dos asuntos por los que el titular de Interior dará cuenta en sede parlamentaria: la autorización a la Generalitat para la compra de "800 armas de guerra" para los Mossos d'Esquadra, una solicitud impulsada el PP y Ciudadanos, y las detenciones el pasado mes de enero de dieciséis detenidos, entre ellos dos alcaldes de la CUP, por ocupar vías del AVE el pasado 1-O, a instancias de En Comú, ERC y PDeCAT.

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