La sombra de la piqueta se cierne sobre el Hotel Miramar

Castro Urdiales

El Tribunal Supremo ha rechazado de plano el recurso que los propietarios del Hotel Miramar presentaron contra el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró la utilidad pública, a los efectos de su expropiación, y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de demolición del inmueble.

Antes, en mayo de 2008, se declaró la caducidad de la concesión al Ayuntamiento de Castro para la construcción de un balneario en la playa de Brazomar. Y en 2010 se aprobó el proyecto de demolición de la edificación, que fue impugnado pero confirmado por la Audiencia Nacional en 2013, una decisión firme porque no se presentó recurso de casación.

La representación de los propietarios recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros y denunciaba que se había cometido un abuso de derecho y una desviación de poder para privarlos de del uso de la propiedad de la finca, y que se había dejado que se arruinara el edificio para justificar después una expropiación a la baja.

También aducía que no se justificaba el interés general y que no se había realizado deslinde alguno, de modo que no se podía determinar que se indemnizara solo por una parte. Añadía además que el precio ofrecido no se correspondía con el valor real.

Los magistrados del Supremo tumban esos argumentos y destacan el desconocimiento palmario de los recurrentes de la finalidad y el significado del acuerdo que habían impugnado.