El Gobierno no recurrirá ante el Constitucional la Ley de Vivienda balear

PALMA

El Gobierno central ha formalizado este viernes con el Ejecutivo autonómico el acuerdo por el que se avala la Ley de Vivienda autonómica, incluyendo la cesión obligatoria temporal, durante siete años, de viviendas vacías de los grandes tenedores para destinarlos a alquiler social.

Este acuerdo supone que la norma balear, en unos casos se interpretará conforme a la Constitución Española , y en otros se modificará, de forma que no será necesaria la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo.

Dicho acuerdo ha sido formalizado este viernes por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y el conseller de Territoio, Energía y Movilidad, Marc Pons.

Tal como se ha explicado desde el Ejecutivo central, este procedimiento permite, entre otras cosas, iniciar negociaciones con el gobierno autonómico que promulga la ley para alcanzar un acuerdo que asegure que los preceptos que generan controversia se interpreten de acuerdo a la norma constitucional o, en su caso, se modifiquen para adecuarse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En la mayor parte, se trataba de discrepancias competenciales, al apreciarse que la norma balear invadía competencias del Estado en materia de funciones de notarios y registradores, prestación de servicios sociales, o el establecimiento de las tarifas sobre derechos de alta del suministro de gas, entre otros.  El conseller Pons ha explicado que "Balears era la única comunidad que no tenia ley de vivienda" y, sin embargo, es una comunidad "con grandes problemas" en esta materia.

Según ha remarcado, desde el inicio de la legislatura tenían "clarísimo" la necesidad de abordar "la problemática de la vivienda" para que "se inicie una trayectoria que no tenga vuelta atrás" y "para ello era necesario establecer un marco jurídico muy claro y conciso donde el ciudadano estuviera en el centro".

Pons ha explicado que ahora "no hay sombras de duda sobre la ley".

De esta manera, ha remarcado que con estas "pequeñas modificaciones" queda "resuelta la cuestión de constitucionalidad". "No hay preocupación alguna respecto a un futuro cambio de gobierno, el siguiente trabajo es seguir desarrollando esta ley", ha dicho.

Respecto de la cesión obligatoria de los grandes tenedores, se reafirma esta medida, que ha permitido que se hayan inscrito ya 1.039 viviendas en el Registro de pisos desocupados de Balears.

En estos momentos, se está avanzando en la revisión del estado de estos pisos para poder incorporarlos a la bolsa de alquiler social.