El PP rompe 'in extremis' su pacto con PNV y PSE sobre el caso de los comedores escolares

Vitoria

La conclusión de la investigación parlamentaria sobre el caso de los comedores escolares ha quedado aplazada hasta después de las elecciones municipales, forales y europeas, después de que el PP se haya desmarcado ‘in extremis’ de su acuerdo con PNV y PSE que niega la existencia de responsabilidades políticas.

La comisión de investigación tenía previsto zanjar esta misma tarde los trabajos iniciados el pasado año para depurar responsabilidades políticas por el fraude cometido durante más de una década por las empresas encargadas de los menús escolares de la red pública.

Una jornada a la que los socios de Gobierno llegaban con la tranquilidad del texto pactado con el PP el pasado 11 de abril, en el que se descarta la exigencia de responsabilidades políticas pese a que se da por probado que hubo perjuicio a las arcas públicas y a la ciudadanía.

“No se ha acreditado que se haya producido colaboración o connivencia alguna entre las empresas sancionadas y los responsables técnicos y políticos del Gobierno vasco” concluye el acuerdo que ha roto a última hora el PP desautorizando a su parlamentaria, Juana Bengoechea y al portavoz del grupo, Borja Semper que habían firmado el documento.

Ese texto rebaja sustancialmente la propuesta de conclusiones planteada por EH Bildu que preside la comisión de investigación al tiempo que contradice la posición del PP que llegó a calificarlo como el “mayor caso de corrupción en Euskadi".

“Estamos hablando de un caso de estafa que, después del de los ERE de Andalucía y del caso de los Pujol, es uno de los de mayor importe destapado en los últimos años” aseguró Iñaki Oyarzabal en 2016.

Una aseveración que no encaja en el acuerdo firmado por los populares del que finalmente se han desdicho hoy para desencanto de jeltzales y socialistas que han acusado al PP de “falta de respeto, seriedad y credibilidad” por su "estrategia" para “apretar al Gobierno”.

A los socios del Ejecutivo tampoco les ha gustado la decisión de la presidenta de la comisión de posponer la resolución de foto hasta después de las elecciones.

Lo cierto es que la abertzale Larraitz Ugarte ha querido evitar su cierre en falso ya que el PP había anunciado que votaría en contra de todas las propuestas, incluida la que ella misma formuló que cifra en 70 millones de euros el perjuicio causado y señala responsabilidades por la inacción del Ejecutivo.

“Estamos obligados a hacer un último intento para llegar a acuerdo” ha defendido Ugarte después de que la comisión haya decidido por mayoría posponer las votaciones hasta después del 26 de mayo.