El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que el etarra Lupiáñez sufrió torturas
Imagen de archivo de Gorka Joseba Lupiañez / Agencia EFE
Bilbao
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el etarra Gorka Lupiáñez, condenado el pasado abril a 50 años de prisión por el secuestro de una familia y otros delitos vinculados a su actividad terrorista, sufrió torturas durante su detención en régimen de incomunicación en 2007.
Según una declaración emitida por esa instancia en Ginebra, formada por un grupo de 18 expertos independientes, "España ha violado los derechos humanos" de Lupiáñez, por lo que instó al Estado a garantizar justicia y reparación para el demandante.
Asimismo, el Comité pidió a España que cese las detenciones en régimen de incomunicación, "que crean un contexto más propicio a la tortura".
Lupiáñez -quien había sido previamente condenado a 11 años de prisión en 2009 por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y delito continuado de falsedad de documento oficial- denunció ante el Comité de Naciones Unidas al Estado español en junio de 2015.
Según su testimonio, los hechos denunciados se iniciaron en diciembre de 2007, cuando agentes de la Guardia Civil lo detuvieron en la localidad vizcaína de Berriz al comprobar que iba armado con un revólver.
Según el etarra, éstos y otros agentes le sometieron durante ocho días a malos tratos y torturas tanto en el cuartel en La Salve (Bilbao) como en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y en los consiguientes traslados.
Lupiáñez afirmó haber sido víctima de palizas, pinchazos en la columna vertebral, intentos de ahogamiento con bolsas de plástico en su cabeza, privación de sueño, amenazas de muerte y otros abusos.
La Guardia Civil defendió en su día que estas denuncias eran falsas y un recurso habitual entre los etarras detenidos.
España argumentó que "el régimen de incomunicación siempre se realiza con control judicial y está sujeto a supervisión médica diaria del detenido", según el dictamen hecho público.
A ello agregó que denuncias de este tipo constituyen "una práctica habitual" de ETA y que no se podía establecer ninguna violación de sus derechos.
El miembro de ETA llevó su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió "no admitir" su demanda, por lo que España pidió al Comité que procediera de igual manera.
Las autoridades españolas defendieron ante la instancia de la ONU que Lupiáñez fue "tratado de forma correcta" y "reconocido a diario por un médico forense" que no encontró huellas de las vejaciones que ha denunciado.
La denuncia del etarra carece, por tanto, de un sustento creíble ya que las prácticas brutales que alegaba no correspondían "ni siquiera de forma indiciaria" con cualquier síntoma descrito tras los exámenes médicos, según la posición española.
Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos admitió el testimonio de Lupiáñez y recordó hoy que "la tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por motivos de seguridad nacional", en palabras de la experta Tania Abdo Rocholl, una de los miembros del Comité.
El grupo de expertos también instó a que las denuncias de tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial por las autoridades competentes, y pidió a España que tome medidas legislativas para poner fin a la detención en régimen de incomunicación.
El Comité dijo que espera que España le informe en un plazo de 180 días sobre las medidas que va a tomar en respuesta a su dictamen, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ratificó en 1985.
El pasado 12 de abril la Audiencia Nacional condenó a Lupiáñez a 50 años de prisión por secuestrar en Francia a una familia española formada por una pareja y su hijo de 4 años, con el fin de robar su autocaravana.
