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Proyecto Castor

Competencia reclama el reintegro de 368,4 millones pagados por el almacenamiento de gas Castor

La devolución la deberán realizar Escal (ACS) y las empresas Enagás Transporte, Bankia, CaixaBank y Banco Santander. En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad en el almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona

CNMC exige a la constructora Escal (ACS) y a las empresas Enagás Transporte, Bankia, CaixaBank y Banco Santander la devolución de 368,4 millones de euros / Radio Castellón

CNMC exige a la constructora Escal (ACS) y a las empresas Enagás Transporte, Bankia, CaixaBank y Banco Santander la devolución de 368,4 millones de euros

Castellón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exige a la constructora Escal (ACS) y a las empresas Enagás Transporte, Bankia, CaixaBank y Banco Santander la devolución de 368,4 millones de euros por las liquidaciones relacionadas con el almacenamiento subterráneo Castor ubicado en las costas de Vinaròs. En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad en el almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona.

En concreto, de la cifra total, Escal deberá reintegrar 195 millones de euros, Banco Santander 71,9 millones, CaixaBank 48 millones, Enagás 32,4 millones y Bankia 21,1 millones de euros. Las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consideran que la nulidad del decreto privó de base legal a los pagos efectuados, obligando con ello a revisar los ingresos realizados.

En el caso de Enagás, recibió esta retribución en concepto de pago por los costes de los trabajos de hibernación y de mantenimiento de la infraestructura en condiciones de seguridad.

El pasado mes de enero, Santander, Caixabank y Bankia presentaron una demanda contra el Estado ante el Tribunal Supremo por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años.

Una revisión de oficio que viene motivada por la sentencia de 21 de diciembre de 2017 del Tribunal Constitucional en la que se declaró la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo, tras la renuncia de su titular, Escal.

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