Las víctimas de abusos policiales pueden pedir a partir de este viernes indemnizaciones
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Bilbao
Las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 podrán presentar a partir de este viernes su solicitud de reparación y las consiguientes indemnizaciones para lo que tendrán un plazo de dos años.
El Boletín Oficial del País Vasco publica este jueves la resolución con la que se abre el plazo y que incluye el modelo de solicitud que las víctimas deberán hacer llegar a la Administración bien de forma electrónica o presencial en la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos de Vitoria o en las diferentes oficinas de Atención Ciudadana que tiene el Ejecutivo .
Esta resolución entra en vigor un día después de esta publicación, por lo que este viernes comienza a correr el plazo de dos años que se ha fijado para ofrecer a las víctimas un margen de tiempo suficiente con el fin de que puedan conocer la existencia de esta reparación y preparar la documentación que deben aportar.
Los solicitantes deberán presentar entre otros documentos aquellos que acrediten las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento o el hecho que provocó la incapacidad, como informes policiales, gubernativos, judiciales o procedentes de cualquier otro registro o fuente referentes a las circunstancias y al lugar de los hechos.
También se solicitan informes y dictámenes médicos en el caso de las lesiones permanentes o incapacidades padecidas, y en su caso, la resolución del órgano competente que reconozca la lesión o incapacidad del peticionario. En todas las solicitudes de indemnización por fallecimiento hay que aportar el certificado de defunción y acreditar la relación de parentesco (cónyuge, pareja de hecho, hijos, padres, nietos o hermanos).
Una vez que la víctima haya presentado su solicitud, la secretaría general o la viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos deberá resolver la reclamación en el plazo máximo de 2 años, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales, en cuyo caso ese periodo podrá ampliarse.
Para financiar estas compensaciones se han consignado en los Presupuestos Generales de Euskadi para 2019 un total de 1.100.000 euros y el Ejecutivo ha establecido que en ejercicios posteriores la cantidad será la que se fije en la correspondiente ley presupuestaria a tal fin.
Este derecho a la reparación se incluye en la Ley 12/2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, modificada por la Ley 5/2019, de 4 de abril.
Esta norma ha sido recurrida por PP y Ciudadanos ante el Tribunal Constitucional con sendas iniciativas que han sido admitidas a trámite por el alto tribunal. Ello no significa que la norma sea suspendida de manera cautelar, por lo que el Gobierno Vasco está ejecutando los trámites para su desarrollo
