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Lunes, 21 de Junio de 2021

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El Ayuntamiento contrató a abogados de Cuatrecasas para impulsar la ampliación de Mendizorroza

Los responsables de la cartera de Deportes -en manos del PSE y a cargo de la instalación- desconocían el contrato que el PNV en el Gobierno encargó al bufete de abogados

Cuatrecasas asesoró al Ayuntamiento en la negociación y el protocolo firmado por las instituciones para ampliar Mendizorroza

Cuatrecasas asesoró al Ayuntamiento en la negociación y el protocolo firmado por las instituciones para ampliar Mendizorroza / ALAVÉS.COM

De cara a la opinión pública, el Gobierno de Urtaran decía que no había nada nuevo. Entre bastidores, sin embargo, se movía con celeridad para impulsar la ampliación del estadio de Mendizorroza que había reclamado Josean Querejeta. Según documentación a la que ha tenido acceso la CADENA SER, el Ayuntamiento de Vitoria adjudicó en 2018 al despacho de abogados Cuatrecasas la elaboración de un primer borrador de los pliegos para una nueva concesión del campo de fútbol que incluyera la ampliación.

Además, el Ayuntamiento pidió a Cuatrecasas un "asesoramiento en la negociación y elaboración" del protocolo de financiación firmado en junio de 2018 por el Consistorio, el Gobierno vasco y la Diputación, y por el que se comprometían a destinar 22 millones de euros de dinero público al proyecto (el Alavés aportará 33 millones).

El encargo a Cuatrecasas fue promovido por Iñaki Gurtubay, entonces alto cargo del Gobierno de Urtaran -coordinador general de Economía, Hacienda y Función Pública- y en la actualidad concejal de Hacienda. En la memoria que justificó el contrato por el que se acudía a una empresa privada, el entonces alto cargo del PNV argumentó que para el departamento de Hacienda era “necesario el asesoramiento y la colaboración de un gabinete jurídico especializado”.

La contratación se realizó sin que los grupos políticos de la oposición -que han reclamando en el último año y medio transparencia e información sobre la operación- fueran informados de ello. Y es más, ni siquiera los responsables de la cartera de Deportes en la pasada legislatura -controlada por el PSE, socio del PNV en el Gobierno, y de la que depende la instalación- tenían constancia de esta adjudicación.

La petición a Cuatrecasas se produjo antes de que el Deportivo Alavés presentara oficialmente -fue el 31 de octubre de 2018- su solicitud para una nueva concesión con la que poder ampliar el campo. Una solicitud sobre la que el Gobierno de Urtaran tampoco informó a pesar de que la oposición preguntó sobre las novedades en el proyecto en dos ocasiones: en las comisiones de Urbanismo del 10 de diciembre de 2018 y el 28 de enero de 2019. La existencia de esas solicitud fue desvelada por la CADENA SER el 20 de febrero pasado.

El Ayuntamiento de Vitoria está en la actualidad inmerso en los trámites administrativos para extinguir la actual concesión con el Alavés (que vence en 2023) y sacar a licitación pública una nueva concesión que incluya la ampliación del campo de fútbol y que, con toda probabilidad, volverá a recaer en la entidad albiazul. Estos trámites fueron iniciados a las puertas de las últimas elecciones municipales.

El pliego redactado por Cuatrecasas no especifica los años por los que el Ayuntamiento otorgará una nueva concesión del campo de fútbol. Tampoco aclara cuál será el canon que tendrá que pagar el concesionario. Esa nueva concesión del campo incluirá “la ejecución de la reforma y ampliación” de Mendizorroza y su “posterior explotación”.

El documento establece que a la finalización de esa concesión, el Alavés estará obligado a entregar al Ayuntamiento el estadio “en un buen estado de conservación y uso”. Cuatrecasas deja en manos del Alavés “la determinación del nombre de la instalación y la explotación económica del mismo”.

Un contrato con anomalías

La adjudicación a Cuatrecasas se realizó a través de un contrato menor que no exige una licitación pública. Era legar adjudicarlo ‘a dedo’ por no llegar a los 18.000 euros (ahora el límite está en 15.000). En concreto, el Ayuntamiento pagó 9.075 euros al gabinete de abogados. El contrato ha recibido una amonestación leve del interventor general del Ayuntamiento que en un informe -al que ha tenido acceso la CADENA SER- señala que la fiscalización -el control- de este contrato debió “ser previa a la contratación y ejecución”. El interventor no emitió una “fiscalización favorable” al contrato, sino “con observaciones”.

Fuentes oficiales del departamento de Hacienda defienden que todo el proceso se realizó de forma correcta. 

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