Investigados los concejales de Mantenimiento del PSOE de Getafe por los vertidos en el Manzanares
El río podría haber estado recibiendo aguas fecales sin tratar al menos desde hace 24 años. La alcaldesa Sara Hernández declaró el pasado julio
Los vertidos de aguas fecales en el río Manzanares desde Getafe / Impulsa Getafe
Getafe
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe, mediante una Providencia, ha llamado a declarar en calidad de investigados a los últimos tres concejales de Mantenimiento de los Gobiernos locales de Sara Hernández (PSOE) por los vertidos de aguas fecales en el Manzanares desde el barrio de Perales del Río. La querella fue presentada por el partido local sin representación municipal ‘Impulsa Getafe’, y también han sido llamados a declarar como testigos los técnicos que han emitido los informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Los ex ediles de Mantenimiento Ángel Muñoz (responsable actual de Vivienda) y Raquel Alcázar (puesto 20 en las listas del PSOE al Congreso por Madrid para las elecciones del próximo 10 de noviembre), y la actual concejala María Teresa Mellado, acudirán al juzgado el próximo 6 de noviembre después de que la alcaldesa en su declaración del 10 de julio asegurara que las competencias sobre los vertidos estaban delegadas en dicho departamento.
Roberto Benítez, portavoz de ‘Impulsa Getafe’, asegura que estas citaciones responden a la “dejadez” de los Gobiernos locales de Sara Hernández tras las denuncias de los vecinos de Perales del Río. Benítez cree que también serán llamados a declarar los anterior Ejecutivos locales de Juan Soler y Pedro Castro, porque los vertidos están datados en informes desde hace, al menos, 24 años. Asimismo recuerdan que las aguas fecales han supuesto ya “fuertes sanciones económicas” al Ayuntamiento de Getafe.
El portavoz de Impulsa Getafe, Roberto Benítez, repasa la declaración como imputados de tres concejales de Getafe por vertidos en el Manzanares
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Desde el PSOE local han preferido no valorar esta Providencia por tratarse de un asunto judicializado. Tras conocerse la querella original, la alcaldesa Sara Hernández recordó que su Gobierno local fue el primero en tratar de poner solución a los vertidos, creando dos estaciones de bombeo hasta una depuradora. Dichas instalaciones supondrán unos 2 millones de euros ya incluidos en las próximas inversiones financieramente sostenibles.
