Reclaman 29 años de cárcel para los jóvenes de Arran que protestaron en el Moll Vell
La fiscalía acusa a 12 jóvenes por un delito de desórdenes públicos en la protesta de julio de 2017
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EFE
Palma
La Fiscalía reclama penas que suman 29 años de cárcel para los 12 miembros del colectivo Arran que participaron en una protesta en el puerto de Palma el 22 de julio de 2017. Ese día varios jóvenes protestaron junto a un restaurante situado en el Moll Vell frente a la catedral, prendiendo bengalas y lanzando confeti a los comensales para denunciar los efectos del turismo masivo en Mallorca.
La fiscalía acusa a los 12 jóvenes de un presunto delito de desórdenes públicos, según han explicado desde el colectivo Alerta Solidaria. El Ministerio Público solicita dos años de cárcel para ocho de ellos y tres años para otros tres, por contar con antecedentes penales por participar en la ocupación de la Conselleria de Educación. Para una joven se reclaman cuatro años de cárcel, al apreciar como agravante que participó en la protesta con la cara tapada.
Precisamente, desde Alerta Solidaria señalan que esta última acusada aportó un billete de avión y varios extractos bancarios para demostrar que ese día se encontraba en Barcelona. La defensa de los jóvenes reclama su absolución.
La protesta fue difundida en un vídeo en que el que se podía ver a los jóvenes portando pancartas bajo lemas como “El turismo mata a Mallorca” y “Aquí se está librando la lucha de clases”, escritas en inglés.
En las imágenes ve a los activistas paseando entre las mesas de la terraza del restaurante mientras lanzan confeti a los comensales. En un momento de la grabación, uno de los activistas se sube a algunos de los yates amarrados en el puerto, mientras los que permanecen en tierra encienden bengalas con humo de color rojo y sostienen las pancartas frente a la terraza del establecimiento.
Delegación del Gobierno en Balears abrió un expediente sancionador con una multa de 1.200 euros al responsable del ataque realizado por el grupo independentista. La Delegación del Gobierno explica que la Policía Nacional denunció a una persona como responsable de esa concentración de protesta no autorizada.
