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Jueves, 27 de Febrero de 2020

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Archivada la actuación del Procurador del Común sobre las macrogranjas

La respuesta de la Consejería de Agricultura sobre la instalación de las macroexplotaciones recoge las recomendaciones sobre el control de purines realizadas por el Defensor del Pueblo de Castilla y León

Mnaifestación de los colectivos anti-macrogranjas ante las Cortes de Castilla y León /

El Procurador del Común ha archivado la actuación de oficio sobre la polémica instalación de granjas industriales de porcino, ante la respuesta que la Junta de Castilla y León ha dado a su resolución. Respuesta de la que el defensor del Pueblo de Castilla y León deduce, por cierto, cierta aceptación. Así lo manifiesta el Procurador del Común en relación a la respuesta de la Consejería de Agricultura, que asegura estar a la espera de la designación de las nuevas zonas vulnerables para acometer un programa que permita la disminución de la contaminación por nitratos en aguas.

Respecto de la Consejería de Medio Ambiente, ésta ha comunicado al Procurador la aceptación parcial de sus recomendaciones anunciando, entre otras cosas, que en un corto plazo estará aprobado ese decreto de zonas vulnerables, que actualmente trabaja en una aplicación informática para el control de la aplicación de purines, que las inspecciones a instalaciones en régimen de autorización ambiental es tarea obligada por los técnicos y agentes de los servicios territoriales de Medio Ambiente y que no procede establecer una moratoria a la implantación de granjas porque la afección de los purines a las aguas subterráneas se produce por su uso excesivo como abono y la Junta de Castilla y León ya controla que los ganaderos dispongan de una base de tierra superior a la necesaria.

Sobre la recomendación del Procurador de considerar la implantación de plantas de generación eléctrica para tratar el purín y evitar su vertido, la Consejería cuestiona la viabilidad técnica y económica de ese sistema cuya garantía, añade, viene determinada por el régimen de ayudas a la producción energética del Gobierno de España.

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