COAG cree que la subida del salario mínimo es "inasumible" para el sector agrario

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, alerta de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.000 euros podría suponer un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores, al pasar de 967€ por trabajador/mes en 2018 a 1.455€ en 2020. Así lo recoge la simulación realizada por los Servicios Técnicos de COAG en base los datos reales de una explotación media, con 2-3 trabajadores fijos.

Desde COAG sostienen que abogan "por unos salarios dignos y un empleo de calidad en el campo" pero en un contexto de caída de rentas ( -8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen ni con la más mínima cobertura social y laboral de sus trabajadores, "la importante subida de los costes laborales nos expulsa del mercado".

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Creen que "resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones con 2-3 trabajadores fijos" y recuerdan que el coste laboral diario (69 euros), multiplica por 14 el salario de un jornalero en Marruecos (5 euros/ día).

Según el responsable del Área de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López, "estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes, en un mercado desregulado en el que se impone la ley de la selva. La presión en precios y costes está asfixiando a las explotaciones familiares".  También ha vaticinado destrucción de empleo en sectores que demandan mano de obra de forma más intensiva, como el de frutas y hortalizas.

Esta organización pedirá al Ministerio de Trabajo participar en la mesa de diálogo social que se abra con los diferentes agentes para abordar la subida del SMI. Además, en un hipotético escenario de nuevas subidas, COAG reclamará medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.

COAG reclama al nuevo Gobierno una apuesta "clara y decidida" por el modelo social y profesional de agricultura. Para eso, reivindican "una cadena de valor agroalimentaria que remunere de forma justa el trabajo de agricultores y ganaderos, por la defensa del principio de preferencia comunitaria y por la exigencia en frontera a las importaciones de terceros países de los mismos estándares de seguridad alimentaria, aplicación fitosanitaria y coberturas socio-laborales de las producciones europeas".