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Jueves, 02 de Abril de 2020

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Salario mínimo

Organizaciones agrarias y sindicatos mantienen sus diferencias tras la subida del SMI

El SMI sigue enfrentando a coordinadoras agrarias y sindicatos

El SMI sigue enfrentando a coordinadoras agrarias y sindicatos / Getty Images

La mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha generado tensiones entre los sindicatos y las organizaciones agrarias, ya que estas han advertido de los efectos perjudiciales de la subida para la actividad primaria.

Desde ASAJA, su secretario general en Murcia, Alfonso Gálvez, cree que "una subida del SMI, unido a los elevados costes de producción, la crisis de precios en origen y la presencia de productos de fuera de la Unión Europea, es inasumible para el sector".

"Tendremos que aplicar lo pactado pero esperamos del Gobierno mecanismos para asumir esa subida", dice Gálvez que cree que esto pasaría por arbritrar algún tipo de bonificación en cotizaciones a la Seguridad Social de forma transitoria para que el sector pudiera asumir la subida de los costes salariales.

Asaja, COAG y UPA (entidades éstas dos últimas relacionadas históricamente con las centrales sindicales) han hecho hincapié en los riesgos que entraña la medida, aunque según el Gobierno es "asumible" por el sector, incluso en el marco de la crisis que atraviesa.

Las organizaciones agrarias no comparten esa opinión y ponen el acento en los problemas que implicará en el campo este nuevo aumento de 900 a 950 euros al mes (aunque es inferior al último, ejecutado en 2019 y que supuso elevar el SMI de 736 a 900 euros).

En la práctica, fuentes del sector precisan que las organizaciones representan a explotaciones profesionales y que, incluso en el caso de las más pequeñas, "necesitan mano de obra", aunque sea de forma puntual y estacional a lo largo de las campañas.

Apuntan, asimismo, a la falta de rentabilidad como el principal motivo para cuestionar esta subida del salario mínimo, que repercute en su cuenta de resultados al incrementar los costes.

"El margen es tan estrecho que cualquier cosa es una dificultad añadida. El problema que tenemos son los precios, que son tan bajos que no nos permiten asumir ningún incremento de coste, ni sueldos, ni abonos ni fitosanitarios. Producir de forma sostenible es cada vez más costoso y sin embargo los precios son los mismos que hace 20 años", argumentan.

De hecho, estas mismas fuentes recuerdan que los asociados a estas organizaciones son "contratadores", en la mayoría de los casos "con una situación económica delicada" y muy sensibles a incrementos de los costes.

Un conflicto entre opas y sindicatos que se ha materializado en comunicados de CC.OO. sobre COAG: "Resulta paradójico que la que se considera una organización progresista (en alusión a la organización agraria) se posicione públicamente en contra de la subida del SMI hasta los mil euros".

El sindicato también incidía en que "los empresarios agrarios perciben anualmente a través de la Política Agraria Común (PAC) cerca de 6.000 millones de subvenciones públicas" y consideraba que COAG "se confunde de adversario".

Responsables de COAG han afirmado que esta subida del SMI incrementará los costes laborales para los agricultores que tienen "una explotación media, con 2 o 3 trabajadores fijos" y que el incremento les expulsa del mercado porque no es posible "trasladar al precio" dicho aumento.

Las divergencias entre ambas entidades alcanzan incluso a las cifras: CC.OO. divulgó un estudio que apunta a un crecimiento del 2 % en el capítulo de "altas por jornadas reales" dentro de los afiliados a la Seguridad Social en 2019, mientras que COAG apunta a una caída del 0,83 % en el número medio de inscritos en el Sistema Especial Agrario.

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, pedía este viernes una reunión con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para ver "cómo se puede amortiguar este palo que le ha caído al sector de nuevo".

"Si nosotros tenemos una caída del 8,6 % en los precios de los productos o si tenemos unos precios en el aceite y en otros sectores complicados, también nos tienen que entender, que nosotros no podamos afrontar el coste de la subida del SMI", razonó.

Desde UPA han insistido en que el sector vive en un contexto de "precios hundidos" en el que los agricultores "no tienen la capacidad de negociación ante un sector distribuidor poderoso y concentrado".

Han recalcado que la renta agraria ha bajado un 9 % en el último año y han citado como ejemplo el caso del aceite, especialmente perjudicado por la caída de precios en los últimos meses.

En el caso de UGT, esta misma semana han reclamado a la Inspección de Trabajo "más implicación" para investigar los casos de empresas del sector agroalimentario que no cumplen con la normativa en Extremadura.

Desde el sindicato han insistido en que "cualquier familia que tenga un incremento de sueldo va a emplearlo directamente al consumo y va a generar riqueza. Hay que quitarle dramatismo y pensar en los efectos positivos que este acuerdo va a tener sobre las personas y la economía en general".

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