Aralia, la gestora de la residencia de Los Frailes, en Leganés, habla de "caza de brujas"

Leganés (Madrid)

Aralia Servicios Sociosanitarios habla de “caza de brujas” contra la empresa por parte de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid, al frente de la cual está Alberto Reyero. Las declaraciones se producen tras anunciarse que se iniciaba un procedimiento para rescindir el contrato de tres de las cuatro residencias gestionadas por Aralia, entre ellas la de Parque de Los Frailes en Leganés, por “irregularidades graves” al subcontratar en Navidad personal de enfermería, algo prohibido en los pliegos de adjudicación.

Esta residencia de Leganés es una de las 18 públicas en la región con gestión indirecta. En este caso, es Aralia la que se encarga de su funcionamiento y su director general, Álvaro Durán, ya ha advertido, en declaraciones a Europa Press, tras el anuncio regional, que “no permitirán ser atropellados por una decisión política arbitraria”. A Durán le sorprende que los acuerdos y la documentación de los expedientes administrativos sobre esta residencia hayan sido filtrados“al día siguiente de las órdenes dadas por el consejero”, lo que en su opinión, pretende “interesadamente perjudicar el buen nombre de la compañía, con vulneración de nuestro derecho fundamental a la defensa”. Por eso, anuncia que presentarán alegaciones y pide que “se ponga fin de manera inmediata a esta caza de brujas y se adopte las medidas oportunas” respecto a los autores de la supuesta filtración.

Seguirá la gestión indirecta

Representantes de la Asociación por la Defensa de los Mayores en la Residencia de Los Frailes, ADEMAF, se reunían este martes con Reyero para conocer de primera mano cómo estaba la situación. Según la presidenta deLcolectivo, Carmen López, el consejero les habló de la apertura de expediente para la resolución del contrato con Aralia, aunque hay que esperar a las alegaciones que presentará la empresa y llevar el caso a una comisión para su resolución. Lo que sí confirmó a los familiares es que, sea cual sea, el resultado, no se realizará la prórroga automáticapor un año una vez finalizado el contrato, como se venía haciendo hasta ahora antes de volver a convocar una nueva adjudicación. El contrato con la residencia leganense termina en septiembre.

Del encuentro los familiares salieron esperanzados por este paso, que antes no había realizado el gobierno regional, pero muy preocupados porque el consejero les confirmó que se continuaría con la gestión indirecta de las 18 residencias que ahora mismo la tienen y no se pasarán a gestión pública. “Nos dijo que prefiere ese dinero que tendría que gastar, gastarlo en que la lista de dependencia baje. Pero esto supone precariedad y más precariedad”, dice López, quien insiste en que “en vez de arreglarlo aumenta la precariedad en las nuevas plazas”.

Ahora la consejería “están elaborando los pliegos para las nuevas licitaciones” y confirmó a los familiares allí reunidos que “se están endureciendo las condiciones” para garantizar el mejor servicio.