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Confirmada por el TSJ la sentencia contra los implicados en la "Operación Gasolina"

El TSJ confirma la condena de siete años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Burgos a los dos hombre que detuvo la Policía Nacional en Aranda por tráfico de anfetaminas y cannabis

Fachada Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León / Cadena SER

Fachada Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Aranda de Duero

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos contra los dos implicados en la denominada Operación Gasolina, uno de los golpes más importantes al tráfico de droga que ha dado la Policía Nacional en los últimos años en Aranda. Ambos habían recurrido, pero el tribunal castellano leonés no ha admitido sus alegaciones y confirma la pena de siete años y medio de cárcel impuesto a cada uno de ellos, así como el resto de términos de la sentencia en primera instancia. La Audiencia les consideró autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas con las agravantes de notoria importancia y de reincidencia, aunque en ambos casos se les aplica la atenuante de drogadicción. La decisión del TSJ puede recurrirse en casación.

La sentencia de la Audiencia Provincial consideraba probado que los dos ahora condenados eran responsables de los quehaceres de guardia y custodia de sustancias estupefacientes, actividades centralizadas en un bajo del casco urbano de Aranda donde la Policía Nacional se incautó de 15 kilos de speed, 660 gramos de hachis y 74 gramos de marihuana. El valor total de la droga intervenida hubiera ascendido en el mercado a 116.206,43 euros. La sentencia también menciona que en el mismo local la policía encontró distintos objetos procedentes de delitos contra la propiedad, como equipos electrónicos e informáticos y herramientas, así como otros efectos que dieron lugar a otra operación policial posterior denominada “Abadía”, por la que se siguen diligencias judiciales independientes de las de esta causa.

Además de la pena de cárcel la sentencia de la Audiencia Provincial también imponía a cada uno de los condenados una multa de 200.000 euros

 
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