El COVID-19 envía al paro a 14.513 personas en la provincia de Alicante

Alicante

Como se esperaba, el coronavirus ha hecho estragos en el empleo de la provincia. El COVID-19 ha enviado al paro a 14.513 alicantinos en este mes de marzo.

El paro registrado en la provincia ha aumentado un 9,65 % en el primer mes afectado por la pandemia, con respecto a los datos de febrero. Mientras, la afiliación a la Seguridad Social cae en casi 10.000 cotizantes.

Por sectores, el paro sube sobre todo en construcción (un 20,80 % y 2.600 personas), seguido de la industria 13,87 % (2.983 personas).

En cambio, el sector que envía más personas al paro (8.755) es el de los servicios, donde la subida en términos porcentuales es de un 8,61 %. También aumenta el paro en el colectivo sin empleo anterior (2,14 %) y solo baja muy ligeramente en Agricultura (-0,30 %).

La alicantina es la segunda de las tres provincias con una mayor subida. En términos autonómicos, el paro ha aumentado en 35.565 personas (un 9, 71 %) en la Comunitat Valenciana y esta es la segunda autonomía donde más ha subido, solo por detrás de Andalucía.

Valoración de los sindicatos

Los sindicatos advierten de que estos datos todavía no reflejan de forma fiel el frenazo laboral de la economía con esos 80.000 trabajadores de la provincia afectados por un ERTE.

Tanto para UGT en L'Alacantí como para CC. OO. en L'Alacantí - les Marines coinciden en que es un mes excepcional con cifras excepcionales dentro del estado de alerta sanitaria y en que el frenazo económico ha conllevado el peor dato de desempleo para la provincia de los últimos años. Pero Yaissel Sánchez, de UGT, y José María Ruiz Olmos, de CC. OO. también señalan que la situación demuestra que la economía alicantina es cortoplacista y se basa en el empleo volátil.

Ambos sindicatos alertan de que los meses venideros también van a ser duros para una provincia que se caracteriza por la volatilidad en el empleo. Por eso hacen un llamamiento a los empresarios para que se olviden de picarescas y utilicen las herramientas habilitadas por el Gobierno para no despedir, de manera que los trabajadores y trabajadoras puedan acogerse a los ERTES para poder percibir una prestación por desempleo y tener recursos económicos para sus adeudos o compras pendientes.

Además, UGT y Comisiones instan al Gobierno a que adopte medidas para proteger a aquellas personas despedidas con contrataciones temporales y a aquellas que no tienen derecho a una prestación por agotar los periodos de cotización o que no llegan a él en sus computos, para asegurar sus economías en esta situación de confinamiento.