Ortiz firma en la Audiencia el acuerdo por el que reconoce el amaño del PGOU de Alicante

Alicante

El promotor Enrique Ortiz ha formalizado este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante la firma del acuerdo de conformidad en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU) en el marco del llamado 'caso Brugal', donde están investigados los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

En virtud de ese pacto, alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción y con las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida (EU-IU), y del que informó Radio Alicante, el promotor asume la integridad del escrito de la acusación pública y acepta una condena de dos años de prisión, frente a los 8 que le pedían inicialmente.

Y lo hace como autor de un delito continuado de tráfico de influencias (1 año y 6 meses) y otro de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad (6 meses), al tiempo que admite responder como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación (2 años y un día de inhabilitación).

Además, se le imponen casi 800.000 euros de multa y una indemnización a favor del Ayuntamiento de Alicante por otros 713.057 por los costes derivados de la tramitación del Plan General de la ciudad, un documento que, no obstante, no llegó a entrar en vigor ya que el consistorio acabó desistiendo de su aprobación definitiva y acordó su retirada, a principios de 2015.

Junto a Ortiz, también han suscrito el acuerdo dos de los responsables de sus empresas: su hermano Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez.

Ambos asumen la autoría de un delito continuado de corrupción de autoridades con penas de tres meses de prisión para cada uno y el pago de una multa individual de 81.000 euros.

El acuerdo ya se había registrado ante el registro de la Audiencia el pasado 9 de abril pero, no obstante, este miércoles se ha hecho efectivo ante la Sección Tercera, encargada de la celebración del juicio.

Con la conformidad Ortiz acepta el grueso de la acusación formulado por la Fiscalía y asume que negoció cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en fase de redacción entre los años 2007 y 2010 a cambio de la entrega de diversas dádivas a los dos exalcaldes del PP también procesados: Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Según el escrito de acusación, entre esas entregas se incluía dinero en metálico, viajes a Creta, Ibiza y Andorra y un vehículo modelo Mini Cooper.

Al margen de Ortiz, de sus dos empleados y de los dos exalcaldes del PP, la causa se dirige también contra los letrados del bufete Salvetti Abogados, José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa popular) y Javier Gutiérrez, que supuestamente tramitaron las alegaciones para que se incluyesen los cambios en el planeamiento.

El último de los encausados es el promotor ilicitano Ramón Salvador, que ya suscribió un primer acuerdo de conformidad el pasado febrero por el que aceptaba tres meses de cárcel.

El juicio ante la sección tercera de la Audiencia de Alicante está señalado inicialmente para mediados de septiembre, tras dos primeras sesiones previstas para el 30 de junio y el 7 de julio.