Cierra su comedor solidario ante el temor a las multas

Madrid

El comedor resistente, la última olla caliente y solidaria que quedaba en pie en el barrio de Malasaña echa el cierre porque su dueño, Adrián, teme las consecuencias que le puede traer su preocupación por los demás. Al inicio de la cuarentena, Adrián Rojas, propietario de la tienda de alimentación y barra de degustación Casa 28, en este distrito madrileño, comenzó a cocer alubias para dar de comer a quien no podía hacerlo de otro modo. Para su sorpresa la demanda fue extraordinaria y continuó creciendo en los días posteriores, como ha contado en La Ventana de Madrid. El barrio se volcó ante la inacción de las administraciones, Comunidad y Ayuntamiento, que, asegura Adrián, están casi desaparecidos en este aspecto.

"Descubrimos que muchos comedores sociales estaban cerrados y que otros solo daban bocadillos fríos" porque parte de su personal no está trabajando, explica poco antes de intervenir en La Ventana. El Ayuntamiento optó por cerrar comedores para evitar aglomeraciones y repartir la comida a domicilio; pero según la experiencia de este hostelero no es suficiente.

Cientos de personas cada día comenzaron a demandar la comida que repartía gratuitamente. "Veías de todo: personas mayores, mujeres embarazadas, italianos que no pueden volver...". La comida caliente les llevaba a la barra de Adrián, que carece de salida de humos y pronto empezó a acumular quejas de los vecinos.

Otro grupo del barrio se unió a él tejiendo una red de voluntariado que cocinaba en casa y ayudaba después a repartir la comida. Una decena de personas que colaboraban en una actividad tan solidaria como clandestina.

Los policías comenzaron a acudir llamados por algunos vecinos. Al principio "eran muy muy comprensivos", aunque uno de ellos le inquirió acerca de si tenía licencia para esa actividad. Y no la tiene. Las visitas se quedaban en advertencias pero se fueron haciendo frecuentes y sobre su comedor improvisado comenzó a flotar la amenaza de una multa que podría ascender a los 60.000 euros. "A mí con esa multa me arruinan, yo ya debo mucha plata", lamenta.

Adrián insiste en el resultado trágico de la ausencia de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital y critica medidas como los menús de Telepizza que el Ejecutivo de Sol trazó para dar de comer a los niños con necesidades. "Podía servir como algo provisional, al principio, pero no puede durar mes y medio", señala una vez ya sobrepasados los 40 días de cuarentena.

Casa 28 tendrá que reanudar su actividad normal en algún momento, consciente Adrián de que la "normalidad" es un término suspensión. Pero el propietario de esta barra está preocupado por encontrar el modo de reanimar la venta y volver a percibir ingresos. "Empecé esto esperando una respuesta (de las administraciones)" movidas por su ejemplo, dice, "pero yo también tengo que pensar cómo puedo hacer con mi negocio" y a la vez esquivar cualquier sanción que daría al traste con él. Ahora, deprimido por la inacción institucional y presionado, echa el cierre al comedor social improvisado. La decisión reducirá las aglomeraciones, pero también, cree él, las oportunidades para que algunos de los más vulnerables puedan comer un plato caliente.