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Lunes, 01 de Junio de 2020

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San Fernando de Henares

Caso Plaza de España: el juez pide formalizar acusaciones

El magistrado titular del juzgado nº 5 de Coslada finaliza, 9 años después, las diligencias complementarias por la denuncia presentada, en su día, por la Asociación El Molino.

En las diligencias, figura como investigado, entre otros, el exalcalde Julio Setién por la aportación del espacio público de la Plaza de España a la sociedad mixta constituida para la reforma.

Plaza de España de San Fernando de Henares

Plaza de España de San Fernando de Henares / SER Henares

Cuenta atrás, casi diez años después, para saber si una de las primeras denuncias judiciales por el Caso Plaza de España de San Fernando de Henares, se concreta en el procesamiento de los acusados o se archiva la causa. El magistrado titular del juzgado nº 5 de Coslada emitió a principios de mes un auto que pone fin a las diligencias previas, y pide a las partes, así como a la Fiscalía, que formulen sus escritos de acusación. Es el último paso antes de dictar la apertura de juicio o el archivo del procedimiento.

La causa 726/2011 comenzó a mediados de abril de 2011 con la presentación de una querella de la Asociación Cívico Cultural El Molino contra varios cargos municipales y dos de los administradores de la mercantil Woodman SL. Esta asociación alegó, al comenzar el gran proyecto de reforma de la Plaza de España que, en su opinión, incumplía tanto la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid como el PGOU de la localidad, incurriendo en "infracciones muy graves" entre las que se encontraba "el inconcebible hecho de que el alcalde, Julio Setién, había aportado la Plaza de España, un bien demanial, al capital social de una sociedad mercantil privada". Y, ante el rechazo a sus indicaciones por parte del ayuntamiento, acudieron a los juzgados.

La querella, transformada en denuncia posteriormente, dio pie a unas diligencias previas que han tardado 9 años en concluir desde el primer escrito judicial. Tras la aportación de los escritos de las acusaciones particulares y del Ministerio Fiscal, el juez tendrá todos los elementos para decidir, en definitiva, si hay caso. "Recibimos con satisfacción la noticia", explica el portavoz de la asociación El Molino, Jesús Sánchez. "Hemos tenido que trabajar en solitario y soportar amenazas de algunos de los imputados, pero damos por bueno todo el trabajo que hemos realizado".

El juez aprecia "indicios de criminalidad" en la aportaciókn del espacio público de la Plaza de España al capital social de la empresa mixta constituida para la reforma y, tras las diligencias realizadas, mantiene como investigados a siete cargos públicos y empresarios relacionados con el proyecto. Entre ellos, el exalcalde, Julio Setién, el exconcejal Joaquín Martínez o el empresario Victoriano Cuesta. "Queremos ser cautelosos y respetar la presunción de inocencia pero, si finalmente son procesados, se sentaría en el banquillo una forma de hacer política que detestamos, que es el desprecio a la organización de ciudadanos al margen de los partidos políticos, como es nuestro caso", añade Sánchez.

Desde la asociación consideran que este resultado debe ser un "aviso a navegantes", en relación a la actual corporación municipal a la que piden respeto después de que, en uno de los últimos plenos municipales, fueran rechazadas mediante abstención de todos los concejales de la corporación, las alegaciones de El Molino a la cuenta general de 2017, también por la posible ausencia de un apunte contable relacionado, precisamente, con el Caso Plaza de España.

La reforma integral de la Plaza de España fue impulsada en la legislatura 2007-2011. Para ello, fue constituida una sociedad mixta junto a los propietarios de las viviendas históricas del entorno. Los particulares sumaban el 51% de la sociedad mientras que el ayuntamiento, que lideraba el proyecto, tenia el 49% de la empresa. La idea, como así se hizo, era construir un gran aparcamiento subterráneo, rehabilitar la superficie y las viviendas históricas, y construir nuevas viviendas en la parte trasera de estas casas del siglo XVIII cuyo conjunto está declarado Bien de Interés Cultural. Pero el proyecto no salió bien. Bankia, como financiera, y las constructoras denunciaron impagos por parte del ayuntamiento, bloquearon la entrega de los bienes, y a mediados de 2012 la plaza fue embargada por orden judicial. Un embargo que, casi un a década después, sigue pendiente de resolución de un procedimiento concursal. La deuda que reclaman los acreedores roza los 100 millones de euros.

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