Domingo, 20 de Septiembre de 2020

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Madrid adjudica a Quirón el trabajo de rastreo alegando su incapacidad para formar a su propio personal

El Gobierno madrileño admite que no tiene tiempo para formar a su propia plantilla

La Consejería de Sanidad pagará más de 194.000 euros por tres meses seguimiento de casos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, / Alberto Ruiz (Europa Press)

En pleno mes de agosto, el gobierno madrileño ha privatizado parte del servicio de rastreo para detectar los casos de COVID-19. Tal y como ha adelantado El Boletín, la Consejería de Sanidad ha adjudicado por la vía de emergencia, es decir, a dedo y sin ningún tipo de publicidad, el trabajo para la 'realización de encuestas para seguimiento de casos e identificación de contactos COVID-19', que ha recaído en el grupo Quirón. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, dice que está es la "única empresa que puede iniciar los trabajos con carácter inmediato" porque "cuenta además con las instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio".

Según la resolución que figura en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, Quirón ofrecerá une equipo de rastreadores formado por 20 auxiliares de enfermería y otros dos médicos (divididos entre turno de mañana y de tarde), a cambio cobrará 194.223 euros (IVA incluid) por tres meses de seguimiento de casos.

La Comunidad justifica que no tiene tiempo para formar a su plantilla

La Consejería de Sanidad justifica esta privatización admitiendo su propia incacpacidad para formar a su propio personal: "El tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración en un plazo compatible con los objetivos perseguidos", explica en su resolución la directora general de Salud Pública.

El Gobierno de Ayuso y de Aguado han puesto en manos privadas este trabajo precisamente ahora que se está detectando un auge de casos y cuando los expertos están alertando que Madrid no llega, ni de lejos, a los estándares internacionales que recomiendan que para una población como la de Madrid sería necesarios cerca de 1.200 rastreadores (actualmente hay 400).

Lo cierto es que la Consejería de Sanidad admitió recientemente su incapacidad para encontrar personal cualificado, hasta el punto de que reconoció que solo había cubierto la mitad de puestos de rastreadores que ofertaba. Ese el motivo por el que decidió buscar voluntarios en los ayuntamientos y en las universidades, el problema es comenzó a reclutar voluntarios, tal y como avanzó la SER, sin tener firmado aún un convenio con las universidades.

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