Asturias pide 80 rastreadores militares para evitar la propagación del COVID-19
El Principado cuenta con 2.458 personas trabajando en la vigilancia de la pandemia
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Dos rastreadores del Ejército de Tierra momentos antes de iniciar labores. / Ricardo Rubio - Europa Press
Gijón
La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha anunciado este miércoles que el Principado ha formalizado ya su petición ante el Ministerio de Sanidad para disponer de 80 rastreadores procedentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) dentro del dispositivo establecido a nivel nacional para evitar la propagación del coronavirus.
Losa ha asegurado que el Principado cuenta con el informe favorable de Sanidad para que su petición prospere por lo que, según ha explicado, "sólo faltaría ya ratificar y establecer la logística por parte del Ministerio de Defensa".
Según los últimos datos facilitados por el Principado, Asturias cuenta con 2.458 personas trabajando en la vigilancia de los contactos estrechos de los contagiados de los que 2.224 son sanitarios de Atención Primaria -1.046 médicos y 1.178 profesionales de Enfermería-.
En el segundo nivel de rastreo se sitúan otros 116 profesionales con distintos perfiles técnicos -50 médicos y enfermeras, 39 trabajadores sociales, 12 psicólogos y nueve administrativos- dirigidos por seis coordinadores que se encargan de realizar la investigación y seguimiento de los contactos estrechos.
Por su parte, en el tercer nivel trabajan 118 profesionales -62 enfermeras, 12 técnicos de cuidado de enfermería, 40 administrativos y cuatro informáticos- que se ocupan de los sistemas de información, la toma de muestras y la comunicación con los pacientes.
Asturias se suma así a las comunidades de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias y Melilla que han pedido oficialmente la ayuda de alguno de los 2.000 rastreadores militares ofrecidos por el Gobierno para evitar nuevos contagios.
El pasado miércoles el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, aseguró que el Principado estaba procediendo a una reestructuración de su sistema de rastreo y que estaba "abierto a todas las posibilidades" aunque inicialmente no preveían solicitar la ayuda de los rastreadores militares, como finalmente ha ocurrido.
