El acuerdo de coalición PNV-PSE apuesta por la polémica ampliación de Miñano salpicada por la corrupción

Vitoria

La ampliación del parque tecnológico de Miñano vuelve a los planes del Gobierno vasco si es que en algún momento se fueron. El acuerdo de PNV-PSE para el gobierno de coalición recoge en uno de sus puntos la dinamización de este parque de empresas "para un mayor rendimiento de las instalaciones existentes". A renglón seguido se añade que se desarrollará "su ampliación en función de necesidades detectadas".

El Parque de Miñano -controlado por el Gobierno vasco- lleva años intentando sacar adelante esta ampliación, pero su tramitación está con el freno de mano puesto en el Ayuntamiento de Vitoria. El propio alcalde, Gorka Urtaran, paralizó los trámites urbanísticos al comprobar que no tenía los votos suficientes para sacar la ampliación adelante.

La oposición -EH Bildu, PP y Elkarrekin Vitoria- rechaza ampliar el parque porque considera que no es necesario: hay espacio suficiente disponible en Miñano para que se instalen nuevas empresas, argumentan, y técnicos municipales han elaborado informes en los que desaconsejan esa ampliación. 

Pero, sobre todo, lo que ha provocado el rechazo hasta ahora de la oposición a apoyar la ampliación de Miñano es la relación de este proyecto con el caso de corrupción de excargos del PNV, el conocido caso De Miguel.

La segunda fase de la ampliación -la fase para la tramitación urbanística- la llevaba a cabo la empresa STOA, cuyo responsable fue condenado precisamente por ese contrato rodeado de amaños y pago de comisiones. En 2018 el Parque de Miñano reactivó la ampliación a través del contrato que había firmado con esta empresa en 2009. A finales de diciembre pasado y tras la sentencia de la Audiencia de Álava, el parque anuló el contrato.

Antes de eso, en un primer contrato, excargos del PNV reclamaron una comisión de 100.000 euros a la empresa encargada de gestionar la compraventa de las parcelas. La empresaria víctima de la extorsión lo denunció ante la Fiscalía. La investigación judicial culminó con la condena de los principales implicados en la trama de corrupción.