Madrid pagó más de 20 millones a las residencias privadas por las plazas vacantes durante la pandemia

Madrid

Desde el inicio de la crisis del COVID-19 y, en concreto, a raíz de la entrada en vigor del Estado de Alarma – el 14 marzo-, el gobierno madrileño dio orden de no aceptar nuevas altas en las residencias, tanto públicas, como concertadas, por motivos de seguridad. Esa decisión se mantuvo hasta el pasado 22 de junio – cuando expiró el Estado de Alarma-. En ese intervalo de tiempo el coronavirus castigó durísimamente a los más mayores, prueba de ello es que en esos tres meses se produjeron 4.397 plazas vacantes en las residencias tras el fallecimiento de los beneficiarios, tal y como han confirmado a la SER desde la Consejería de Políticas Sociales.

Ninguna de esas plazas se cubrió en todo este tiempo, no se hizo porque no se podía, pero el Gobierno madrileño sí pagó por ellas a las empresas que gestionan esas residencias, según se acredita en las facturas a las que ha tenido acceso la SER (ver foto), donde se puede comprobar que la Consejería de Políticas Sociales abonó a las residencias privadas-concertadas por las plazas que no había sido ocupadas.

El importe total de esas facturas asciende a casi 28 millones de euros, según un cálculo aproximado tomando como referencia los 56 euros por plaza/día que se cerró con la patronal de las residencias. Ese Acuerdo Marco firmado en 2016 obliga a la administración a pagar a las residencias privadas-concertadas por la ausencia de los residentes siempre y cuando "no se superan los 45 días”, un plazo que quedó más que sobrepasado en estos meses de pandemia.

El PSOE cree que es un error más de gestión

“Nos parece un escándalo que se haya pagado por plazas no ocupadas, sin tomar ninguna decisión de cómo se corrige esto. Da la impresión de que se trata de pagar a las empresas amigas y no mirar por los intereses de la ciudadanía”, denuncia el diputado del PSOE, José Ángel Chamorro, presidente de la Comisión de Investigación sobre la situación de las residencias madrileñas.

Desde la Consejería que dirige Alberto Reyero defienden que se quiso pagar porque así se garantizaba el mantenimiento de todas plantillas que trabajaban en las residencias, ya de por sí muy mermadas durante aquellos meses. Es decir, Alberto Reyero no quiso seguir los pasos de su compañero de Educación, Enrique Ossorio, que sí optó por suspender temporalmente los contratos con los servicios de comedor de los centros educativos.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

La patronal agradece el gesto: "Se evitaron ERTES"

Desde la patronal de las residencias valoran muy positivamente el gesto que tuvo el consejero de Ciudadanos porque “gracias a este tipo de medidas ha sido posible mantener el nivel de cuidados de todos los centros residenciales y que haya una rotación necesaria en las plantillas, sin tener que realizar ningún ERTE, y que hayamos podido ofrecer la atención que merecen todos los mayores en los centros de España”, explica a la SER el Secretario General de Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia y Residencias para Mayores, Jesús Cubero.

En estos momentos, la Consejería de Políticas Sociales está negociando con la patronal de las residencias privadas el nuevo Acuerdo Marco que está a punto de expirar. Según han confirmado a la SER las dos partes, esas reuniones comenzaron este pasado miércoles “con la intención de mejorar la gestión de las residencias y la calidad del servicio”, apuntan.

La Comunidad de Madrid tiene ahora mismo 2.245 plazas vacantes en las residencias. Esa cifra está muy por encima de las plazas libres que solía haber en las residencias antes del inicio de la pandemia, en concreto, ante del 8 de marzo, había 639 plazas son ocupar. Desde el pasado 22 de junio se han adjudicado 1.953 nuevas plazas, pero todavía sigue habiendo 4.354 mayores en lista de espera para conseguir una plaza residencial, según los datos oficiales.