Es innegable que el Pacto de Toledo y sus revisiones continuas marcan el tiempo de las reformas

Albacete

El proceso de reforma de la Seguridad Social y su instrumentalización técnica y político-jurídica es una de las cuestiones más importantes de la agenda política relativa a la adaptación y revisión del Estado Social a las transformaciones en curso, son muchas sus razones y de gran calado.

El hecho más significativo de los años 90, fue sin duda el llamado Pacto de Toledo, un acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria sobre la reforma del Sistema de Seguridad Social aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995.

El objetivo explícito del Pacto era alcanzar un compromiso solemne para garantizar el futuro del Sistema de Seguridad Social e intentar que las reformas que se recomiendan y que habría que acometer no se utilicen como arma arrojadiza electoral entre los distintos grupos políticos. De ahí su enorme importancia.

El derecho de la Seguridad Social es pieza esencial del Estado Social y Democrático de Derecho en que España se constituye (art. 1.1 de la Constitución) porque su fin no es otro que colocar a los ciudadanos al abrigo de la necesidad para hacer posible la igualdad en sentido material.

Mientras no cambie la Constitución, los poderes públicos están obligados a mantener el Sistema de Seguridad Social que ha de garantizar:

• "prestaciones sociales suficientes ante los estados de necesidad" (art. 41 CE)
• "pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas" que consigan "la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad" (art. 50 CE)

No pueden ser las cotizaciones sociales sobre el empleo las que soporten todo el peso de la financiación del sistema, profundizar en el sistema de fuentes de financiación y en la revalorización de las pensiones es esencial. El aumento de la aportación de ingresos tributarios es necesario y además, es justo.

Mantener criterios mercantilistas o de sostenibilidad pluricausal como han acaecido en los últimos años, no tienen amparo constitucional.

Las recientes 21 recomendaciones del Pacto de Toledo un paso previo y necesario, procede que el Gobierno, sindicatos y patronal se siente a negociar la reforma del sistema de pensiones.