Madrid endurece los criterios para la escolarización de alumnos con autismo

Madrid

La Comunidad de Madrid, que de puertas para afuera ahora mismo está intentando convencer a la población de su lucha encarnizada por la defensa de la educación especial, de puertas para adentro acaba de cambiar los criterios para que uno de los sectores más vulnerables, los alumnos con autismo, consigan una plaza en centros ordinarios con aulas preferentes, con aulas preparadas con recursos y profesionales para atenderles. El gobierno regional ha modificado los requisitos y el modus operandi para que los niños con este trastorno accedan a una de llamadas aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista) y lo ha hecho en plena pandemia y una vez iniciado el curso escolar.

A partir de ahora, las familias tendrán que acudir al especialista o al pediatra para conseguir un diagnóstico clínico del menor que hasta ahora no era necesario, porque en los casos más urgentes ese informe lo facilitaban los Equipos Específicos de orientadores dedicados al autismo. Ahora, la función de estos profesionales cambia, y no consistirá como hasta ahora en hacer un estudio directo del niño al que observaban en su entorno escolar y familiar de primera mano. Estos equipos, según educación, asesorarán y seguirán trabajando en otros asuntos pero el diagnóstico se dejará en manos únicamente de los médicos, a pesar de la situación de saturación que se vive ahora mismo, en plena pandemia, en los centros de salud y en las especialidades médicas. Esto, según denuncia el sindicato Comisiones Obreras, va a sobrecargar aún más las consultas médicas y va a complicar también la burocracia que atraviesan las familias afectadas.

Despojado el equipo de orientadores de una de sus misiones más importantes, quien tendrá la llave única para permitir la entrada de estos alumnos en un aula con más recursos será una comisión formada por funcionarios que la administración elige a dedo. Una comisión que ni siquiera ha sido constituida todavía, pasados ya dos meses desde el inicio del curso escolar, aunque según un portavoz de la consejería de educación su formación se realizará en breve. Comisiones Obreras destaca que esta comisión solo fue capaz, el curso pasado, de dar 114 informes favorables a niños con TEA, mientras que el equipo específico emitió casi 400. "Esto perjudica mucho al alumnado con autismo, en la práctica va a suponer un aumento significativo del tiempo necesario para su escolarización en un tiempo preferente", explica Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO-Madrid, "se prescinde del equipo de orientación especializado en la atención a este alumnado y se centraliza todo en una comisión que no está formada por expertos ralentizando y burocratizando el proceso".

Como la comisión interterritorial aún no se ha constituido, no es posible saber a fecha de hoy cuántos expedientes de alumnos TEA se quedaron sin tramitar desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento domiciliario en la región. Aseguran desde la Consejería de Educación, que esa actualización de casos pendientes de evaluación será una de las primeras tareas que acometa esta comisión una vez arranque sus trabajos.

Las familias, entre la indignación y la preocupación

Tener un hijo con autismo y conseguir que pueda estudiar en un centro educativo ordinario, sin necesidad de acudir a la educación especial, es ya, de por sí, una tarea titánica para las familias, que ahora, aseguran desde la Plataforma TEA Incluye, se va a complicar todavía más a raíz de estos últimos cambios. Según Lucía Martínez, portavoz de esta plataforma, "parece que quieren boicotear el modelo de centros preferentes y aulas TEA; nos da mucho miedo que nuestros hijos e hijas estén sin los apoyos que necesitan en el día a día". Creen las familias que las necesidades de estos menores, que ya las tienen desde que nacen, obligan a la administración a atenderles desde el momento en el que se detecta el trastorno. "Lo que están haciendo es precisamente lo contrario, retrasar esa atención a la necesidad".

Sobre el cambio de funciones del equipo específico de orientadores, desde la Plataforma lamentan esta pérdida, "valoraban y evaluaban a los niños en su entorno natural, en su colegio, conocían al niño y lo veían", explica Martínez, "y ahora va a decidir una comisión de personas que no van a conocer a nuestros hijos e hijas y no van a saber lo que es mejor para ellos". En cuanto a la necesidades de conseguir un diagnóstico clínico por la vía sanitaria, Lucía Martínez asegura que será muy díficil que los más pequeños, de edades más tempranas, puedan conseguirlo, "porque si los profesionales médicos no están seguros no van a dar un diagnóstico de autismo y más ahora en la situación de pandemia en la que estamos donde el acceso es más difícil todavía". Comisiones Obreras cree que este nuevo requisito va a aumentar la brecha social, porque, según Isabel Galvín, "habrá familias que puedan permitirse un médico privado y conseguir ese diagnóstico con menor tiempo de espera". El sindicato asegura que dará la batalla en los tribunales para frenar estos cambios y volver a la situación que había hasta ahora.