Economia y negocios

Gipuzkoa afloró un fraude fiscal de 225,8 millones en 2020, 11,1 menos

Los equipos de la institución foral realizaron una media de más de 200 actuaciones al día, 100 menos que el ejercicio anterior

Jokin Perona e Irune Yarza en las Juntas Generales este jueves / Diputación de Gipuzkoa

San Sebastián

El diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, junto con la directora de Hacienda, Irune Yarza, ha ofrecido estos datos durante una comparecencia en Juntas Generales en la que ha señalado que "a pesar de las dificultades" de un año marcado por la pandemia de covid-19 y la reducción del número de actuaciones los resultados en la lucha contra el fraude "han sido positivos".

Desglosada por impuestos se registraron 106,5 millones en el impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF) y el impuesto de patrimonio, 55,6 millones en el impuesto de sociedades, 57 millones en el impuesto sobre valor añadido (IVA) y 6,7 en el resto.

Perona ha destacado lo excepcional de 2020 por la crisis sanitaria, un contexto en el que la institución foral guipuzcoana ha tenido como prioridad "ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía" al tiempo que "no ha aparcado" la lucha contra el fraude aunque las actuaciones han estado "adaptadas a la realidad del momento" y se han llevado a cabo con "especial sensibilidad".

En 2020 se realizaron un total de 75.489 actuaciones contra el fraude fiscal, frente a las 120.257 del año anterior lo que supone una reducción del 37 %.

En IRPF y en el impuesto sobre el patrimonio fueron 30.188 actuaciones, 3.860 en el impuesto sobre sociedades, 35.896 en el IVA y 5.546 en el resto.

Perona ha remarcado que Hacienda "no puede trabajar aislada y menos" en la lucha contra el fraude por lo que ha instado a seguir "construyendo redes compartidas con otras instituciones y agentes ligados a la fiscalidad", un campo en el que la institución guipuzcoana ha dado en los últimos años "pasos importantes" por lo que los espacios para el fraude "son cada vez más limitados".

En este sentido ha señalado que continuará con su hoja de ruta y seguirá "ampliando las fuentes de información" mediante acuerdos con otros agentes o proyectos como TicketBAI al tiempo que seguirá con la inversión en "personas y tecnología para la gestión y explotación de estos datos" mediante iniciativas como la Unidad de Estrategia Territorial presentada esta semana al tiempo que ha apostado por la prevención como forma más eficaz de combatir el fraude.

Perona ha recordado que 2021 sigue condicionado por la pandemia, por lo que Hacienda deberá seguir adaptándose a esta situación para desarrollar sus actuaciones contra el fraude fiscal que se recogen en tres categorías según recoge el Plan de Comprobación de 2021.

En primer lugar se sitúan las destinadas a obtención información tributaria, un ámbito en el que trabajará para explotar los acuerdos internacionales de intercambio de información vigentes y en las tareas de vigilancia de los contribuyentes que actúan a nivel internacional.

Asimismo, controlará los nuevos impuestos que entrarán en vigor en 2021, como el impuesto sobre servicios digitales y el de transacciones financieras, y reforzará las relaciones con otras administraciones tributarias o con otras asociaciones.

Hacienda prevé además un control integral de los rendimientos de contribuyentes con actividades económicas tendrá en cuenta los nuevos modelos de negocio como la economía digital.

La segunda línea de trabajo será la relacionada con la prevención para lo cual incidirá en la obtención de información sobre la facturación de quienes realizan actividades económicas para lo cual contará con el apoyo de las iniciativas Suministro Inmediato de Información (SII), TicketBAI y SILICIE.

Asimismo aplicará nuevas tecnologías para la mejora del análisis de los riesgos fiscales, de la mano de proyectos de la UE al tiempo que continuará con las unidades didácticas a las que están adscritos 90 centros y que son seguidos por 2.766 alumnos en Gipuzkoa.

Un tercer ámbito serán actuaciones de regularización y cobro que se centrarán en control de grupos empresariales, contribuyentes que realicen actividades económicas o sociedades patrimoniales así como en los contribuyentes obligados que no presenten autoliquidaciones tributarias o que, por su volumen de operaciones, actúen bajo diferentes administraciones.

 
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