Aprobada la ley de la Función Pública Valenciana

Valencia

El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves, por los votos a favor del Botànic y en contra de la oposición, la ley de Función Pública valenciana, que entre otros puntos introduce el requisito de acreditar la competencia lingüística en valenciano.

La ley, que generó el día anterior un bronco debate a cuenta de la introducción del requisito lingüístico, que la oposición no comparte, establece un plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma para desarrollar reglamentariamente este requisito, previo informe favorable de la Conselleria de Educación.

Tras la aprobación de la ley, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha destacado que supone "el instrumento normativo que permitirá modernizar y transformar la Administración autonómica", porque si los servicios públicos han sido "pieza clave durante la gestión de la pandemia, ahora han de ser el motor más esencial para la recuperación económica".

La consellera ha señalado que esta ley acaba con la "anomalía" que suponía que la Comunitat Valenciana "fuera la única comunidad bilingüe que no tenía regulada la exigencia de capacitación lingüística" de sus plantillas públicas.

"Por primera vez en 40 años, los valencianos y valencianas podrán dirigirse a la Administración en la lengua que deseen y nos equiparamos al resto de España", ha destacado.

Bravo ha reivindicado que no es una norma que "mire única y exclusivamente al empleado público, sino que mira a toda la ciudadanía", pues va a permitir la transformación de la administración de forma que los servicios públicos "estén gestionados por personal capacitado que impulse la recuperación económica".

Ha indicado que la regulación permite "mayor flexibilidad en los procesos de selección" de personal y "atraerá al talento joven", además de avanzar en derechos para las mujeres con medidas de acción positiva para garantizar la conciliación y que las trabajadoras puedan ejercer sus cargos y funciones sin ningún tipo de discriminación.

Otros asuntos 

Por otra parte, el pleno ha convalidado, por los votos a favor del Botànic y en contra de la oposición, el decreto ley de medidas urgentes para impulsar la ejecución de infraestructuras para hacer frente a la pandemia de covid.

Además, se han rechazado las tres comisiones de investigación que la oposición pedía sobre supuestas irregularidades en la vacunación contra la covid y sobre los contratos para la construcción de los hospitales de campaña.