Otra nueva oportunidad perdida
La firma de María José Aguilar Idáñez, Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UCLM
Cadena SER
Albacete
He sabido, por Radio Albacete y otros medios de comunicación locales, que el Ayuntamiento ha elaborado una ordenanza de habitabilidad con la que pretende evitar que en las próximas semanas vuelvan a establecerse los temporeros sin techo en las afueras de la ciudad.
Esa ordenanza se encuentra, según ha anunciado el ayuntamiento a los medios de comunicación, en fase de consulta pública y alegaciones hasta mañana 20 de abril.
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Pues bien, esa ordenanza debe estar guardada bajo siete llaves porque ningún medio de comunicación la enlaza en sus respectivas páginas web. Tampoco está accesible en la web del ayuntamiento. Ni siquiera contactando personalmente con el Consistorio ha sido posible leer la ordenanza, sobre la que la ciudadanía deberíamos poder opinar y hacer propuestas de mejora. Una fase de consulta que, por cierto, es obligatoria según la ley.
El argumento de que no se hará pública la ordenanza hasta que finalice la fase de consultas, no solo es ridículo sino profundamente contradictorio con los más elementales principios de transparencia pública, gobernanza participativa y democracia local.
Hace menos de dos meses el propio Ayuntamiento anunció en los medios que para evitar los asentamientos de temporeros habilitará en la Dehesa alojamiento temporal para 10 familias y 100 plazas en el albergue municipal durante la temporada de cosechas que comenzará en breve.
El propio ayuntamiento sabe que son más de 400 los temporeros que el verano pasado vinieron a la ciudad y que son más de 70 adultos y 100 niños quienes viven en chabolas. Son datos que están en internet publicados por diversos medios y que constan como declaraciones del propio alcalde.
Las cuentas no salen. Los dispositivos municipales anunciados (de los que tampoco hay información más allá de notas de prensa) apenas cubrirían una cuarta parte de las necesidades de alojamiento.
La ordenanza anunciada (pero imposible de leer) que ahora se quiere aprobar, obligaría a los agricultores a acondicionar naves como alojamiento temporal de sus jornaleros, cumpliendo condiciones de habitabilidad y salubridad que no sabremos en qué consisten hasta que la fase de consultas se haya cerrado.
Otra nueva oportunidad perdida para afrontar con inteligencia, racionalidad y transparencia una situación-problema que, ojalá me equivoque, volverá a producirse este verano.
