Los expertos en educación opinan: "El pin parental es un falso problema que está fuera de lo constitucional"

Madrid

Isabel Galvín profesora, y portavoz de Comisiones Obreras en el área de Enseñanza en Madrid, es una de nuestras tres invitadas a nuestro análisis sobre la situación de nuestras aulas en un año marcado por la crisis del COVID, que canceló las clases presenciales de todo el alumnado el pasado marzo.

“Ha habido falta de planificación”, asegura, “se suprimió y se recortó en contrataciones de profesorado. No se dio relevo a los profesores que enfermaban”, denuncia la portavoz. Quien también opina que la administración fue siempre “a rebufo” en cuestión de las aulas.

Una idea que comparte el presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD), Esteban Álvarez. “Somos la Comunidad que menos profesores de refuerzo ha contratado, y en diciembre fueron despedidos”, señala. A la vez que auguran un nuevo septiembre con deficiencias en el sistema y en las medidas COVID en las aulas: “para el próximo curso está previsto acabar con los grupos extra de COVID”, denuncia Galvín. Una medida que podría no solo ser peligrosa para contener virus en los próximos meses, sino porque los alumnos, insiste, “necesitan más refuerzo y atención por la situación en la que estamos”.

En lo que sí que convergen sus posiciones es en la labor extraordinaria de la Comunidad Educativa en los últimos meses, como explica el Secretario General de CECE Madrid -organización que agrupa centros privados y concertados de todos los niveles y sensibilidades-: “la Administración siempre puede mejorar, pero todos aquellos que formar parte de educación, profesores, padres y alumnos han hecho un gran esfuerzo”, y añade a favor de la Consejería de Sanidad: “es difícil planificar a medio plazo y en los tiempos que corren”.

Otros debates que se abren alrededor de la educación son el modelo de educación pública y concertada. Esta segunda, aparece en los programas de algunas formaciones a la Elecciones del 4M, como una educación que debe ir acabando de estar presente en el sistema madrileño. Pero para el representante de CECE, Juan Chávarri, esta decisión cree que privaría a las familias de libertad para elegir el modelo educativo para sus hijos.

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Otra medida que las familias creen que podría acabar con esta libertad educativa, es la implementación del llamado pin parental “de nada ayudan los vetos”, asegura Chávarri. Así como la representante de Comisiones Obreras añadía “es un falso problema que además está fuera de lo constitucional”. Finalizando sus intervención reiterando la idea de la eduación como una inversión que debemos ver como esencial para el crecimiento de nuestra sociedad y el futuro de la región.