El TSJCV anula la sentencia de un juzgado de Alicante que condenaba a Sanitat por la ausencia de EPI

Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la sentencia dictada por un Juzgado de lo Social de Alicante, que condenó a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de Equipos de Protección Individual (EPI) al personal médico en la primera ola de COVID.

La sala, que no entra en el fondo del asunto, ha decretado la nulidad de las actuaciones y ordenado retrotraer el procedimiento al momento de la admisión a trámite de la demanda del Sindicato Médico CESM, que promovió este proceso, a fin de que el Juzgado de lo Social 5 de Alicante requiera al sindicato para que "concrete su demanda" e identifique y cuantifique los daños y perjuicios concretos reclamados, "tanto por el sindicato demandante como por cada uno de los trabajadores en cuyo nombre e interés actúa".

Así figura en la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJCV en el que estima en parte los recursos interpuestos por la Conselleria de Sanidad y el CESM contra la sentencia de primera instancia y el auto posterior de aclaración dictados por el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante.

El juzgado consideró que Sanidad había incumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y generado un grave riesgo a la seguidad y salud de los facultativos sanitarios de la provincia de Alicante y le condenó a suministrar y proveer de EPI necesarios. Así mismo, abrió la vía a los sanitarios afectados para que acudieran a la jurisdicción contencioso-administrativa para instar la responsabilidad patrimonial generada por un funcionamiento anormal de la Administración Estado-CCAA.

No obstante, el alto tribunal declara nula la sentencia y el auto de aclaración, así como todas las actuaciones practicadas en el procedimiento desde el momento de la admisión de la demanda, al entender que el proceso "no debió reconducirse a los trámites del proceso de conflicto colectivo" ya que "exige unos requisitos específicos de legitimación que difícilmente podía acreditar la parte actora que no formuló demanda alguna de conflicto colectivo", sino que estamos ante "una demanda plural".

En ese sentido, argumenta que como "la sentencia de instancia, entendiendo que estamos ante una demanda de conflicto colectivo, no ha identificado las circunstancias concretas de los trabajadores en interés de los cuales actúa el sindicato y los incumplimientos concretos en materia de prevención de riesgos laborales cometidos" por la Conselleria de Sanidad respecto de esos empleados "no resulta posible a través de este recurso casi extraordinario y de objeto limitado poder resolver sobre las cuestiones planteadas".

La resolución, al declarar la nulidad de las actuaciones, no entra a conocer los demás motivos de recurso formulados por las partes y que se refieren al fondo del asunto.

"SE TUVIERON QUE PROVEER DE CUALQUIER MODO"

El sindicato CESM, en un comunicado, ha recordado que los médicos "tuvieron que hacer frente a la pandemia del COVID-19 durante los meses de marzo a mayo de 2020 sin ningún tipo de protección" y que se "tuvieron que proveer de cualquier modo y forma para atender a los pacientes".

"Todos recordamos cómo se les negaban las mascarillas, los buzos, las gafas protectoras o los guantes y cómo tuvieron que fabricarlos con bolsas de basura o aceptar mascarillas caseras sin homologar, con lo que fueron sometidos a una presión adicional", señala el comunicado.

CESM ha recalcado que "continuará reclamando y exigiendo el cumplimiento del derecho que los médicos tienen a realizar su trabajo con protección de su seguridad, salud e integridad personal, en definitiva, con la protección debida que a su vez es la de los ciudadanos a los que atienden".