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Sociedad
Costas

Urbanismo de la Generalitat considera extraño el expediente de Costas sobre las viviendas de Torre la Sal

El Director General de Urbanismo, Vicente García Nebot

El Director General de Urbanismo, Vicente García Nebot

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Cabanes

La Dirección General de Urbanismo de la Generalitat considera extraño el expediente abierto por Costas, que pretende derribar casi un centenar de viviendas de Torre la Sal, en Cabanes. El gobierno valenciano entiende que las construcciones están aprobadas por el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

Hoy finalizaba el plazo para que los casi 100 propietarios afectados presentaran alegaciones a la Dirección General de Costas, que quiere derribar las viviendas construidas en el poblado marítimo de Torre la Sal, porque entiende que están edificadas en suelo público. Un plazo, que finalmente, Costas ha ampliado en cuatro días más.

El director general de Urbanismo de la Generalitat, Vicente García Nebot, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, que "le resulta extraña la decisión de Costas, porque en 1983, Cabanes aprobó un Plan General de Ordenación Urbana, con el visto bueno del Estado, que aceptaba este núcleo". Por ello, considera que "la expropiación debe ser la última opción".

García Nebot advierte que "los inmuebles tenían licencia de obra y de actividad, que es la forma en que la administración les da el permiso para construir y en 1992 se decretó que esta área no era de dominio público", por lo que entiende que "antes de llegar a la expropiación hay mucho camino por hacer".

La portavoz adjunta de Compromís en les Corts, Mònica Álvaro, explicó en la tertulia de Radio Castellón, que "no es de recibo que el Gobierno solo haya concedido un plazo de cuatro días más para alegar".

El Senado preguntará mañana a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por las viviendas de Torre la Sal. Salomé Pradas, portavoz adjunta del PP en la Cámara Alta, señaló en la tertulia que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a castigar a Castellón" y considera que "esta polémica no tiene ni pies ni cabeza, porque las viviendas son de titularidad privada."

 

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