Los "requisitos trampa" del IMV y la RVI siguen ahogando a las personas en riesgo de exlusión

Alicante

Miércoles de protestas y reivindicaciones sociales y laborales en Alicante.

En la plaza de les Palmeretes, la Plataforma de Afectados por la Renta Valenciana de Inclusión ha celebrado este miércoles una asamblea abierta para resolver dudas y decidir las acciones de protesta que llevarán a cabo en julio.

A la convocatoria han acudido una treintena de personas, según el portavoz de Marea Roja, Fernando Patón, que lamenta que las herramientas habilitadas por el Gobierno en el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de la Generalitat, en el de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), no están funcionando como deberían para paliar las situaciones de pobreza y exclusión social.

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Cada semana se deniegan en Alicante unas siete peticiones de Ingreso Mínimo Vital y en cuanto a la Renta Valenciana de Inclusión, pasan entre 10 o 12 meses en el caso de que contesten a la reclamación. Por este motivo hay afectados que se plantean interponer recurso contencioso-administrativo.

Patón insiste en que las ayudas no llegan realmente a quienes lo necesitan porque tienen muchos "requisitos trampa" para expulsar a los solicitantes y pone como ejemplo a una familia sin ingresos en 2020 y de 3.000 euros anuales en 2019, a la que se le deniega el IMV porque la casa en la que viven tiene un valor de 40.000 euros. "No tienen derecho a la ayuda porque tienen patrimonio suficiente y como esta hay muchas situaciones tremendas", lamenta.

A esta realidad se suma que los servicios sociales municipales "están infrautilizados", según Patón, "muy burocratizados y sin personal".

Esta plataforma ha asistido en los últimos cinco meses a 200 personas. En la Comunitat Valenciana la situación de pobreza severa alcanza a medio millón de ciudadanos y a 31 de diciembre de 2020, la RVI la recibían 67.000 personas.