Más de 100 detenidos en una de las mayores operaciones contra el crimen organizado y el tráfico de marihuana

Barcelona

Es uno de los mayores golpes contra el crimen organizado. Un soplo de aire para Mossos y Policía Nacional, que hace meses que ven como el cultivo y tráfico internacional de marihuana ha atraído a España, especialmente a Cataluña, a mafias de prácticamente todos los rincones del mundo. Algo que no solo alimenta el crimen organizado, sino que está empezando a corromper a la sociedad y hace aumentar la violencia y los homicidios. Por eso, el jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos considera que no es suficiente cerrar plantaciones de marihuana y detener a pequeños traficantes sinó que es necesario desarticular grandes máfias, como lo que se ha logrado dejar fuera de circulación con la operación Poirot: 107 detenidos, 25.000 plantas valoradas en más de 6 millones de euros y una tonelada de marihuana procesada.

Es la mayor operación contra la mafia albanesa en España, una de las más importantes en el control del tráfico de drogas internacional. Han participado Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, en colaboración con agentes de Europol y Policía de Albania. En total, 400 agentes en toda Europa para acabar con un clan familiar de origen albanés que estaba asentado en Cataluña, en concreto en la zona de Tarragona. Los agentes han hecho 51 entras y registros y han intervenido también 70.000 euros en efectivo, un revólver detonador, una escopeta recotada, un inhibidor de freqüencia y tres vehiculos, dos de ellos de lujo.

"Exportamos marihuana e importamos crimen organizado"

"Somos los número uno exportando marihuana. Eso evidentemente no es un orgullo; pero eso no es el primer problema: exportamos marihuana e importamos crimen organizado", ha lamentado el intendente Ramón chacón de los mossos, que ha asegurado que no hay ningún otro país en Europa donde se estén asentado tantas mafias internacionales como nuestro país; y eso, según el jede de la DIC de Mossos supone un augmento de la violencia.

"Esto está generando que se haya abierto un gran negocio de armas, ya que ha bajado el precio y están entrando más armas en España a bajo precio", ha aserverado el intendente, que ha añadido que "cuando los criminales tienen armas, las cosas las resuelven con armas y eso genera muchos lesionados y un augmento de los homicidios", tal y como adelantó la SER. El comisario general de Policía Judicial de la Policía Nacional, Rafael Pérez, ha destacado que las pesquisas se han desarrollado sobre dos principios: "La cooperación institucional y la cooperación internacional", alabando la labor de los cuerpos que han colaborado durante la investigación.

La investigación también ha permitido localizar y clausurar más de 30 plantaciones dispersas por una veintena de municipios de Cataluña. La organización tenía cultivos en Reus, Tarragona, Amposta, Sabadell, Mollet, la Llagosta, Polinyà, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Celrà, Vendrell, Olesa de Montserrat, Sant Sadurní d’Anoia, Selva del Camp, Constantí, Canyelles, Vila-rodona, Creixell, Santa Margarida i els Monjos, Montblanc, Sant Fruitós del Bages y Sant Feliu de Llobregat.

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Detención en Berlín: ocultaban la droga en pistachos

La investigación, tutelada por el juzgado de Reus, se inició en julio de 2020, cuando agentes descubrieron una plantación de marihuana en desuso en una nave industrial. El hallazgo puso en evidencia una organización internacional asentada en Tarragona, además de una red formada por trabajadores del sector inmobiliario y eléctrico que ayudaban a la organización a establecerse y los dotaban de la logística e infraestructura para el cultivo de marihuana.

A finales del año 2020 en Berlín se neutralizó uno de los envíos de marihuana. Esta organización pretendía camuflar 140 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío en un cargamento de pistachos a través de una empresa británica. Para el mantenimiento de sus plantaciones habían realizado enganches ilegales para defraudar el consumo del fluido eléctrico, lo que además suponía un riesgo para las propiedades por el alto riesgo de incendio de estas instalaciones por la falta de las medidas de seguridad exigidas. Se estima que el consumo generado por las plantaciones desmanteladas ha provocado una defraudación de más de 1.600.000 euros.